El Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, se ha publicado en el BOE (Nº 276) el día 16 de noviembre, entrando en vigor el mismo día de su publicación.
El citado Real Decreto-Ley busca, según su Exposición de Motivos, ofrecer una atención especial, ante las circunstancias excepcionales que atraviesa nuestro país, motivadas por la crisis económica y financiera, a las numerosas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual y se encuentran en dificultades para hacer frente a sus obligaciones.
Su objeto es la adopción de medidas que contribuyan a aliviar la situación de los deudores hipotecarios en los que concurran una serie de circunstancias tasadas en el texto de la norma referida.
Esta norma será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se inicien a partir del 16 de noviembre de 2012. Así mismo será de aplicación a los procesos ya iniciados antes de esa fecha en los que no se hubiese ejecutado el alzamiento.
*PRÓXIMO SÁBADO: ÚLTIMAS ENTRADAS DIPONIBLES*
SABADO, 24 DE NOVIEMBRE, 19.00 H.
ENTRADAS: 14 euros (35% de descuento), se podrán adquirir en nuestra sede de Bárbara de Braganza 6, hasta agotar disponibilidad.
TEATRO TRIBUEÑE, calle Sancho Dávila 31 (Metro Ventas)
En el Teatro Tribueñe se esconde esta pequeña joya del género escénico, que ya lleva 4 años en cartel, por lo que no debemos dejar de acudir a esta cita. Un viaje por el tiempo que nos arrastra con una magia irresistible a través de las canciones, en la vida, amor y muerte de Raquel Meller.
La sala Tribueñe está muy cerca de la Plaza de las Ventas, por lo que para completar la noche castiza de sábado os sugerimos, para quien lo desee, la posibilidad de reservar mesa en Casa Toribio (Tel. 913 559 020).
Información de la obra en el siguiente enlace:
El Tesorero del Colegio, Gabriel de Diego Quevedo, ha sido galardonado por el Ministerio de Justicia con la concesión de la Cruz Distinguida de 2ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Le ha sido impuesta por el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en un acto solemne celebrado el 14 de noviembre en las dependencias colegiales, al que han acudido un nutrido número de autoridades, familiares y compañeros, estando presidido por Juan Carlos Estévez, Presidente del Consejo y Antonio Alvarez-Buylla, Decano del Colegio.
Nacido en Santander, De Diego obtiene la licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ejerciendo como Procurador de los Tribunales desde 1986. Es profesor de Derecho Penal en la Academia Regional de Seguridad de la Comunidad de Madrid, habiendo impartido clases prácticas en 5º curso de Derecho de la Universidad Complutense. Tiene publicado, como coautor, el libro: "Legislación procesal Española para Procuradores de los Tribunales", editado por Colex.
En su actividad institucional, ha desempeñado el cargo de Tesorero del Consejo General de Procuradores de España. El 10 de mayo de 2005 fue elegido Tesorero del Colegio de Madrid, cargo en el que ha permanecido, ininterrumpidamente, hasta la actualidad.
En relación con la Huelga General convocada para mañana, día 14 de noviembre, el Acuerdo de 8 de noviembre de 2012, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (en su punto Tercero hace referencia a la Administración de Justicia) y la Resolución de 7 de noviembre del actual, del Secretario General de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, fijan los Servicios Mínimos en la Administración de Justicia.
Dichos documentos están a disposición de los colegiados en la página web del Colegio, www.icpm.es, área privada, sección circulares, en documento adjunto a la circular 165/12.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prohíbe a los jueces secundar la huelga general del 14 de noviembre, según acuerdo alcanzado por unanimidad por la Comisión Permanente del citado órgano, ante la propuesta que había recibido de la portavocía de la asociación Jueces para la Democracia.
Refrenda en este acuerdo lo adoptado por el pleno en 2009 en el sentido de que "el ejercicio del hipotético derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo.En consecuencia, no procede llevar a cabo la fijación de servicios mínimos"
