Los jueces de Madrid han convocado por "amplía mayoría" una jornada de huelga para el próximo 18 de febrero como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acepten sus reivindicaciones, que pasan por un incremento retributivo, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea y no perder la agenda de los señalamientos.
No obstante, la jornada queda a expensas del resultado de la reunión que se celebrará el próximo lunes, 26 de enero, entre las asociaciones judiciales y el Ministerio para analizar las demandas de la carrera judicial. Sería la primera vez que los jueces secunden una huelga.
La propuesta de huelga, que se debatió en la Junta de Jueces celebrada a lo largo de la mañana en los Juzgados de Plaza de Castilla, salió adelante con 103 votos a favor, 18 en contra y 3 en blanco. La reunión contó con una masiva afluencia, entre votos delegados y presentes en torno a los 204, con la ausencia de 66 magistrados.
Se suman así a las movilizaciones acordadas por los jueces de Barcelona, Murcia, Castellón, Extremadura y Zamora. Todos ellos han respaldado las medidas de presión acordadas por las cuatro asociaciones judiciales, que se desarrollarán a resultas de la reunión con el Ministerio.
Fuente: EL ECONOMISTA, LUNES 19 DE ENERO DE 2009
Por su interés, transcribimos el artículo de EL ECONOMISTA: "Jueces: la función indelegable impediría el derecho de huelga", publicado ayer día 19 de enero:
"La convocatoria posdata de una posible huelga de jueces y magistrados ha desatado un vivo debate sobre la legalidad de un movimiento reivindicativo de esta naturaleza en un cuerpo de funcionarios públicos que, a su condición, unen la de constituir un poder del Estado.
La categórica afirmación de algunos miembros del Gobierno y del partido en el poder sobre la ilegalidad, incluso la inconstitucionalidad de una huelga judicial, ha tenido una secuela de manifestaciones jurídicas y políticas en defensa de una u otra posición. Lo que parece común a todas las opiniones es que en su condición de funcionarios permitiría la realización de un paro profesional, pero su función jurisdiccional, que es por su propia naturaleza, indelegable, impediría de facto tal decisión.
DIVISIONES IDEOLÓGICAS : Las asociaciones de jueces ya se han pronunciado y lo han hecho de manera conjunta, salvando por primera vez que se recuerde, las divisiones ideológicas y estratégicas entre los jueces calificados como progresista y los tildados de conservadores; entre los centristas y los independientes. No es fácil conseguir testimonios personales identificados de los más importantes juristas del país. Siendo materia debatida y dependiendo de decisiones judiciales en su quehacer diario, la autoría de sus opiniones puede ser mal, o bien, interpretada.
LOS LÍMITES DE LOS CRÍTICOS: Fernando Escura, presidente de Hispajuris, sí se manifiesta con claridad. Para él, los jueces ejercen una representación del Estado y en ese sentido, el ejercicio del derecho de huelga como si fueran trabajadores comunes "es, cuando menos, dudoso" y exigiría ciertas limitaciones. "Yo me pregunto, señala Escura, con todos los respetos, por supuesto, ¿puede hacer huelga el Rey, puede hacer huelga el presidente del Gobierno, pueden hacerla los ministros? El debate que se ha iniciado para mí no es muy realista". En cuanto a la pertinencia del movimiento reivindicativo de los jueces, el presidente de Hispajuris cree que la razón no asiste a los jueces y magistrados. En su opinión, se ha producido un movimiento corporativista que ha elevado a categoría un determinado caso judicial que ha determinado un cierre de filas entre jueces y magistrados. "Este y no otro es el embrión de la huelga".
RESOLVER EL CONFLICTO: "Los que participamos en la Administración de Justicia en las diversas funciones profesionales sabemos que hay problemas, pero no se van a resolver por este medio. Otra cosa sería que todas las profesiones nos reuniéramos y estudiáramos conjuntamente las soluciones que se requieren. Eso sí sería positivo". En sentido contrario se pronuncia ANTONIO ÁLVAREZ-BUYLLA, DECANO DEL COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID. Para él, "el debate sobre la constitucionalidad y legalidad o no de la huelga judicial es una manera de desvirtuar el asunto. El fondo de la cuestión es cómo salir del la ´justicia del siglo XIX´ en la que los profesionales del derecho y no sólo los funcionarios se mueven a diario".
CREER EN LOS JUECES Y MAGISTRADOS: "Creemos que los jueces y magistrados tienen toda la razón. Cómo no vamos a apoyarles, si plantean lo mismo que nosotros venimos reivindicando desde tiempo inmemorial. La desgracia es que haya que reivindicar necesidades tan evidentes, que ni este Gobierno ni los anteriores han querido resolver", explica. Cuando un ciudadano acude a la Administración de justicia merece la misma calidad de atención que en otros servicios públicos, como la educación o la sanidad, aunque, curiosamente, la sociedad no lo percibe igual. Sólo en la anterior huelga de la Administración de justicia, en febrero del año pasado, los ciudadanos se han sentido aludidos como perjudicados y han reparado en la importancia de que la Justicia funcione", añade ÁLVAREZ-BUYLLA.
LOS JUECES COMO FUNCIONARIOS: Hemos metido en el debate a un jurista del sindicato, Comisiones Obreras. Se trata de Enrique Lillo, que no tiene dudas sobre el ejercicio del derecho de huelga para jueces y magistrados: si a los funcionarios se les ha reconocido el derecho a la huelga, los jueces son funcionarios. "Sin embargo, añade Lillo, no todos los jueces se encuentran en la misma situación profesional. No es lo mismo un juez de instancia que el miembro de un órgano colegiado, como el Supremo. Ni la carga de trabajo, ni la remuneración ni las exigencias son comparables. Los problemas se extienden a todas las oficinas judiciales, incluso en las salas de lo social comienzan a sentirse problemas de sobrecarga y retrasos, aunque muy irregularmente repartidos".
PREVISIÓN DE DERECHOS: De opinión radicalmente contraria es el catedrático de Derecho del Trabajo y miembro de un importante despacho madrileño. "La previsión de este derecho que hace la Constitución se refiere exclusivamente al trabajador por cuenta ajena. Para una posible huelga de jueces se daría la paradoja de que no les sería aplicable ningún procedimiento sancionador y tampoco podría sustraerles el sueldo de las jornadas no trabajadas, lo que supondría un privilegio". "El problema estriba", añade este letrado, "en que ni siquiera tenemos prevista una contingencia de esta naturaleza. ¡Si no hemos desarrollado legalmente el ejercicio del derecho de huelga común!".
Hay un dato muy relevante que aporta un conocido catedrático de Derecho Político: la ratio de jueces por habitante en España es la tercera parte que en Alemania. La causa última de este conflicto está ahí. Las asociaciones judiciales obtuvieron la misma respuesta de Rodrigo rato, en su día, que ahora de Pedro Solbes: no hay dinero. Las prioridades son otras.
GRAN LAGUNA: "Estamos ante una laguna normativa enorme. La Constitución no prohíbe la huelga a los jueces, sólo les impide la militancia política, no es el mismo caso que para los militares. La ley concedió la libertad de huelga a los funcionarios y éstos tienen representación sindical. La tradición constitucionalista establece para los casos de no definición el favor libertatis; ante la duda, a favor del ejercicio de la libertad", explica este abogado. "Es cierto", concluye, "que hay una colisión de derechos entre el ejercicio de la huelga (Artículo 28.2 CE) y el Artículo 24, que prescribe el derecho a obtener la tutela efectiva por parte de los jueces y que se puede ver quebrada por un paro judicial. Sobre este litigio hay jurisprudencia extensísima. La mejor clarificación debería de venir de una ley de huelga, pero los sindicatos han conseguido durante treinta años que no se promulgue. En Europa se ha aclarado esta cuestión y en la mitad de los países europeos, los jueces no pueden hacer huelga". Una abogada en ejercicio, procedente de la carrera fiscal confiesa que inicialmente estaba en contra del principio de que los jueces pudieran hacer huelga, pero que su opinión se ha flexibilizado. La Ley Orgánica del Poder Judicial no dice nada al respecto. "La huelga, si se lleva a cabo, será, al menos, alegal y sin servicios mínimos"."
La Comunidad, ante el retraso de las obras del Campus de la Justicia, se plantea la posibilidad de reagrupar todas sus sedes judiciales, a excepción de los Juzgados de Plaza de Castilla en la torre de Sacyr, situada en el Paseo de la Castellana, en los terrenos de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid.
Las previsiones de que la Ciudad de la Justicia comenzase a funcionar entre 2010 y 2012 parece prácticamente imposible, debido a la crisis económica y de la construcción, por lo que se está estudiando alguna alternativa destinada a contrarrestar temporalmente la enorme dispersión existente en la actualidad de las sedes judiciales.
Una posibilidad recogida sería el arrendamiento de 17 plantas, con más de 20 mil metros cuadrados de superficie en la torre Sacyr, que compartirían espacio con el hotel que ya está en funcionamiento en el mismo edificio.
Javier Mª Casas Estévez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde el 19 de marzo de 1998, dejará su cargo el próximo día 13 de febrero, fecha en la que está previsto tome posesión del mismo el actual presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Javier Vieira Morante.
Por tal motivo, el Presidente saliente ha tenido la deferencia de acercarse, hoy día 15 de enero, a las dependencias de los Procuradores, en el que ha sido recibido por el Presidente del Consejo General , Juan Carlos Estévez, y el Decano del Colegio de Madrid, Antonio Álvarez-Buylla, al objeto de despedirse, después de una prolongada e intensa etapa de excelente colaboración y atenciones por su parte, particularmente con el Colegio de Madrid.
Casas Estévez, pontevedrés, que se licenció en derecho por la Universidad de Granada y accedió a la carrera fiscal y judicial en 1968, ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad a lo largo de su carrera profesional, destacándose la Presidencia de las Audiencias Provinciales de León y Pontevedra desde 1986 a 1997, año en el que fue elegido Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cargo en el que ha permanecido ininterrumpidamente hasta la actualidad.
Ha sido profesor encargado de curso en la Universidad de Cádiz, durante cinco años, y en las Escuelas de Práctica Jurídica de Jerez de la Frontera y León, estando en posesión de la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
En el Colegio se celebró ayer día 12 de enero, un acto de reconocimiento al trabajo desempeñado por los 25 Procuradores designados por Justicia Gratuita en el Sumario del 11M, destacando su buen hacer profesional en su función de representantes del Justiciable.
A todos los presentes en el acto se les hizo entrega de un diploma acreditativo de su importante labor, cuestión que fue resaltada por el Decano al reconocer esa función pionera y ejemplar en el proceso de modernización de la Justicia, que el Colegio quiere potenciar en su condición de entidad pública de interés general y social.
En concreto, los Procuradores homenajeados son los siguientes:
Ramón Blanco Blanco, Alfonso Blanco Fernández, Paloma Briones Torralba, Sonia María Casqueiro Álvarez, María Otilia Esteban Gutiérrez, Francisco Inocencio Fernández Martínez, María Jesús Fernández Salagre, Teresa García Aparicio, Luis José García Barrenechea, Montserrat Gómez Hernández, Silvino González Moreno, María Teresa Guijarro de Abia, María Alicia Hernández Villa, Fernando Julio Herrera González, Javier Huidobro Sánchez-Toscano, María Esperanza Linares Cortes, María del Carmen Lozano Ruiz, Víctor Enrique Mardomingo Herrero, María del Rosario Martin-Borja Rodríguez, María Gracia Martos Martínez, María Jose Millán Valero, Juan Luis Navas García, María José Ponce Mayoral, Paloma Prieto González, José Carlos Romero García.
