La disolución de las Cortes Generales hecha por el Consejo de Ministros el pasado día 14, ha dejado múltiples proyectos de Ley sin aprobación en el Congreso, de los cuales destaca por su importancia la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue devuelta al Gobierno.
En concreto, los Proyectos no aprobados son: la Adaptación de la Legislación Procesal a la Ley Orgánica del Poder Judicial para reformar el Recurso de Casación y generalizar la doble instancia penal; el cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de Justicia de Proximidad y Consejos de Justicia; la modificación de la Ley de Régimen Económico y de prestación de Servicios en los Puertos de Interés General; el que cambia la Concurrencia y Prelación de Créditos en casos de Ejecuciones Singulares; o el Proyecto General de Navegación Marítima.
Por su parte, en el orden civil no se ha aprobado la Reforma de la Ley sobre el Registro Civil en materia de Incapacitaciones, Cargos Tutelares y Administradores de Patrimonios Protegidos y, el relativo a Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, la modificación del Código Civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.
En el orden penal, no ha prosperado la modificación de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, no habiéndolo hecho tampoco, en el orden social, la reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Una de las novedades importante que el PSOE presenta en su programa sobre Justicia es la de atajar una desproporcionada situación de interinidad del CGPJ, como sucede en la actualidad, cuya renovación debería haberse producido el 7 de noviembre de 2006.
En concreto sobre este particular el programa dice: "Se establecerá un plazo prudencial para la renovación del CGPJ produciéndose el cese automático de sus miembros cuando se rebase dicho plazo, y manteniéndose exclusivamente una reducida Comisión Permanente para gestión ordinaria."
En otro orden de cosas en el mismo programa se recoge que: "Se creará un Consejo consultivo de organizaciones de usuarios de la Justicia".
En respuesta a la petición de ayuda realizada por Francisco Vieira, Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, a la Presidenta de la Comunidad, con motivo de la entrega de la Memoria 2006, de cara a contrarrestar el incremento de trabajo de los Jueces de dicha Audiencia, Alfredo Prada, consejero de Justicia, ha avanzado estar diseñando una fórmula que permita establecer una experiencia piloto conjuntamente con la Universidad Rey Juan Carlos destinada a arbitrar mecanismos de asistencia a los Magistrados de dicho órgano jurisdiccional.
Según Prada la Comunidad tiene previsto ofrecer una asistencia cualificada de personal que colabore en aquello que los Jueces estimen oportuno, intentando que el mismo esté ultimado y puesto en marcha en el primer trimestre del presente año.
Este plan que se iniciará como piloto en una sección Civil y otra Penal, en caso de resultar positivo se extendería al total de las secciones de la Audiencia, e incluso, si fuera necesario, a otros Tribunales. Y, siempre contando con la aprobación del Consejo General del Poder Judicial.
Según Vieira, la asistencia que deben recibir los Jueces y Magistrados debe ir encaminada a sistematizar los procesos así como a desempeñar labores de localización de jurisprudencia y doctrina aplicable a un caso.
Sube un 6% el grado de insatisfacción de Jueces y Magistrados a la hora de valorar su trabajo, atribuyéndolo 7 de cada 10 Jueces al exceso de carga de trabajo, cuestión que convierten en el principal escoyo para conseguir una Justicia de calidad. Así se desprende de la encuesta realizada por el Servicio de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial del CGPJ.
En dicha encuesta el 73% de los entrevistados considera que su trabajo es muy o bastante satisfactorio, mientras el 25% declara que su satisfacción con el trabajo realizado es regular, poca o muy poca. Este porcentaje representa un incremento del 6% respecto a años anteriores.
Por otra parte, una amplia mayoría, 7 de cada 10, considera que el principal obstáculo con la que se encuentra a la hora de realizar sus tareas con un buen grado de calidad, es el exceso de carga de trabajo, situándose en segundo lugar y a bastante distancia un apartado de cuatro obstáculos que son: la falta de preparación de los subordinados; la escasez de personal y medios técnicos; las desfasadas Leyes Procesales y, finalmente, las malas infraestructuras.
En el apartado de soluciones, destaca la solicitud de una oficina judicial con mayores capacidades productivas y algún mecanismo de asesoramiento técnico para compensar las posibles lagunas en formación o ante asuntos técnicamente muy complejos.
Con la aplicación de Lexnet se permitirá el inicio de los procedimientos judiciales y el envío de documentación por vía telemática. Además de los Procuradores y Abogados, se prevé la incorporación gradual a Lexnet al resto de los colectivos profesionales que intervienen en el procedimiento judicial. Más adelante se piensa en la utilización de dicho sistema también por parte de los usuarios sirviéndose para ello del DNI electrónico, con el cual podrán consultar el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte interesada.
La implantación de dicho sistema está previsto para el primer semestre del 2008 en todas las sedes pilotos de la nueva Oficina Judicial -como es el caso de los órganos centrales de la Audiencia Nacional-, para el segundo semestre en el Tribunal Supremo y, existe también la previsión para el segundo semestre del 2008 y el 2009 en el resto de las sedes judiciales de todo el territorio nacional.
En el marco de la aplicación de Lexnet, los Procuradores ocuparán un lugar muy destacado dado que todas las notificaciones procedentes de los Órganos Judiciales llegarán al Salón de Notificaciones vía telemática, suponiendo un importante proceso de agilización y seguridad gracias a la utilización de la firma electrónica.
Según declaraciones de Juan Carlos Estévez, Presidente del Consejo General de Procuradores, al Periódico EL NEGOCIO, "lo bueno de Lexnet es que todos los Tribunales se entenderán con 67 interlocutores, que son los Colegios Profesionales, en lugar de con los más de 9.000 Procuradores".
