Dada la preocupante situación actual de déficit de opositores a Jueces y Fiscales, el Gobierno está estudiando la posibilidad de impulsar una Ley para que los licenciados en Derecho que obtienen mejores notas en las diferentes promociones, puedan acceder a la carrera judicial pasando a realizar un período de formación complementaria en la Escuela Judicial.
Así lo ha afirmado el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, condicionando tal supuesto a que el Partido Socialista gane las próximas elecciones. En el mismo sentido se ha pronunciado la Vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, en declaraciones a la Cadena Ser indicando que se trata de un supuesto factible de cara a paliar la drástica reducción de opositores que se ha producido en los últimos años, pasando de 6.000 a 4.000 en las últimas pruebas.
Por su parte las Asociaciones Judiciales discrepan en su planteamiento frente a esta medida y así mientras la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, la considera "descabellada", Jueces para la Democracia propone que se deberá abrir un debate en la próxima legislatura sobre esta cuestión al considerar que el sistema actual de oposición está trasnochado por ser excesivamente memorístico.
El pasado día 18, el Profesor y Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y ponente de la Comisión General de Codificación, Antonio Fernández de Buján, impartió una conferencia sobre la Nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria destinada a todos los Procuradores madrileños.
Fernández de Buján, hizo un detallado análisis de la evolución experimentada por el texto del actual Proyecto de Ley que ha culminado su fase de tramitación en el Senado, así como los pertinentes comentarios en relación a sus contenidos y, sobre los operadores jurídicos afectados por la misma.
En lo que se refiere a los Procuradores, el conferenciante hizo suyo el comentario realizado por el Presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, en el sentido de ver muy positivo en el ámbito de esta jurisdicción, el reconocer a los Procuradores capacidad de certificación en todos los actos de comunicación así como sobre su cooperación con los servicios comunes, habida cuenta de la capacidad demostrada en el ejercicio de sus funciones, con un régimen de responsabilidades específico.
Sanidad, Derecho y Seguridad son los principales campos del intrusismo laboral. Los Colegios Profesionales están desarrollando una importante labor destinada a atajar dicho intrusismo, como es el caso del Colegio de Abogados de Tenerife, dado que es ésta una de las profesiones, junto a la Sanidad y la Seguridad, en las que más se produce esta nefasta práctica.
Los Grupos Parlamentarios del Congreso acordaron ayer presentar el jueves de la próxima semana sus candidatos a la renovación del CGPJ. Este compromiso implica que la negociación para renovar el Órgano de Gobierno de los Jueces podría entrar en su fase final dado que los doce correspondientes a las Asociaciones Judiciales e Independientes ya fueron presentados en tiempo y plazo el año pasado. Los 8 restantes están reservados a Juristas de reconocido prestigio, entre los que se espera esté un Procurador, a tenor de un acuerdo previo alcanzado también por todos los Partidos, en el sentido de considerar "la pluralidad profesional" en la renovación del CGPJ.
Las Leyes de Acceso a la Profesión de Abogado y Procurador y la de Sociedades Profesionales, unidas a la laboralización están produciendo cambios fundamentales en la relación interna de los despachos de profesionales jurídicos liberales, así como en la forma de organizarlos. Así se ha puesto de manifiesto en el recientemente celebrado I Congreso Iberoamericano de buenas prácticas de gestión de despachos de abogados, organizado por la UIBA (Unión Iberoamericana de Abogados).
Se trata de una situación importante y delicada que exige la mayor atención de los despachos, de cara a no encontrarse con problemas futuros de difícil solución. Al menos, en ese sentido se manifiestan los expertos que ven problemas importantes en largo periodo de vacatio legis de la Ley de Acceso y la necesidad de evitar la responsabilidad solidaria, establecida en la disposición adicional segunda de la Ley de Sociedades Profesionales.
