Esta decisión aunque no es vinculante, viene determinada por el artículo 124 de la Constitución, quedando pendiente que acuda al Parlamento para que el poder legislativo evalúe su designación. De esta forma el cargo de Fiscal General del Estado, quedará validado por primera vez, tras la entrada en vigor del Nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, tras haber sido refrendado por los tres poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Ejecutivo.