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Fuente: CIRCULAR Nº 83/15
El Boletín Oficial del Estado nº 125 de día 26 de mayo, publica la Ley 9/2015 de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Estado: 27 de mayo de 2015.
La citada Ley está a vuestra disposición en el siguiente enlace:
Fuente: CIRCULAR Nº 82/15
Ante la proximidad de las vacaciones estivales, como cada año, nos vemos en la necesidad de organizar el Servicio de Guardia de Notificaciones y Traslados de Escritos del ICPM para el mes de Agosto.
Todos aquellos compañeros que deseen formar parte del grupo de Colegiados que como cada año prestará dicho Servicio, pueden presentar su solicitud en la sede del Colegio de Bárbara de Braganza nº 6, enviarla por fax al nº 91.308.44.15 o a la dirección dpto.secretaria@icpm.es, antes del próximo 11 DE JUNIO.
Existiendo la posibilidad de elección semanal o quincenal.
Los requisitos imprescindibles para formar parte de dicho grupo son los siguientes:
- Estar al corriente de las obligaciones colegiales.
- No tener incoado Expediente Disciplinario alguno.
- Tener, al menos, cinco años de antigüedad en el ejercicio de la profesión.
Fuente: CGPE
Recibimos del CGPE las conclusiones adoptadas en las Jornadas de Juntas de Gobierno celebradas los días 22 y 23 de mayo en Mérida que han sido enviadas a las autoridades, y que transcribimos a continuación para conocimiento de todos los Colegiados:
1. Promover la difusión, ante la sociedad española, de las tareas y funciones profesionales que en beneficio de la Administración de Justicia, realizamos los Procuradores.
2. La integración en la Plataforma Tecnológica del Consejo General de Procuradores de España de aquellas aplicaciones tecnológicas que mejoren la eficiencia de los servicios profesionales de los procuradores.
3. El compromiso de los Colegios de Procuradores con sus colegiados en la definitiva implantación de las tecnologías en la Administración de Justicia y en el fomento, impulso e implantación de las aplicaciones tecnológicas del Consejo General de Procuradores.
4. El reconocimiento de la importante labor que vienen realizando los procuradores y sus Colegios en la implantación de las tecnologías en la Justicia, destacando su colaboración con las Administraciones Públicas competentes en materia de Justicia.
5. El compromiso del Consejo General de Procuradores y de los Colegios en fomentar, impulsar e instaurar la mediación, medio alternativo de resolución de conflictos, en los que los Procuradores de los Tribunales, por su perfil, están llamados a jugar un papel relevante.
6. La atribución de competencias a los procuradores que permitan mayor colaboración con los órganos judiciales y los abogados, en las fases procesales de prueba y ejecución.
Fuente: CGPE
En documento adjunto se encuentra el calendario de implantación de comunicaciones telemáticas por Comunidades que actualiza el anterior, situado en esta misma sección de la Web con fecha 20 de abril.
Fuente: CONFILEGAL.com
El Congreso analiza la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita la instrucción judicial a 6 meses para las causas sencillas y 18 para las complejas, y sustituye el término ´imputado´ por ´investigado´ que pasará a ´encausado´ tras el auto de acusación.
La comisión de Justicia del Congreso debate el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
El texto cuenta con el rechazo de toda la oposición, que reclama que la Fiscalía no tenga la potestad exclusiva para pedir al juez la prórroga de la instrucción judicial, como así figura en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Todos los grupos parlamentarios han presentado enmiendas. PSOE y la Izquierda Plural piden derogar el apartado que fija límites en la instrucción y, por consiguiente, la posibilidad de que el fiscal tenga en su mano la ampliación de los plazos, un supuesto este último que también rechazan UPyD, PNV y CiU.
La reforma establece límites en los plazos de instrucción de 6 meses para las causas ordinarias y 18 para las complejas, que podrán ser prorrogables por el juez instructor pero a petición única del fiscal.
Al respecto, los socialistas aseguran que el texto "impone una serie de plazos, prórrogas y trámites que carecen de utilidad y sólo sirven para complicar y enturbiar el proceso, ya que lógicamente el incumplimiento de tales plazos no puede derivar en una especie de caducidad del proceso penal, ni nulidad del mismo, a favor de los delincuentes mejor organizados".
Por su parte, el Grupo Vasco rechaza la introducción del plazo de seis meses para las causas ordinarias -no así el de 18 meses- porque "supone vulnerar la discrecionalidad y el buen sentido de los jueces de instrucción que no deben ser obligados por un plazo temporal que degrade la calidad de las diligencias que deben instruir".
PSOE, Izquierda Plural y PNV se oponen fuertemente al modelo que atribuye en exclusiva a la Fiscalía la potestad para prorrogar o no la investigación.
Sobre este asunto, UPyD exige incluir -junto al Ministerio Público- a las defensas y las acusaciones mientras que CiU añade a éstas últimas que la ampliación también pueda ser acordada de oficio por el juez instructor.
Asimismo, el Grupo Catalán, UPyD y la Izquierda Plural reclaman eliminar el supuesto que permite a Interior ordenar escuchas telefónicas sin autorización judicial previa, para investigar delitos terroristas o relacionados con bandas armadas.
