1. Cierto es que la Justicia española, plantea problemas ancestrales que se encuentran sin resolver y que ha llegado el momento de abordar.
2. Cierto es que existe un fondo de realidad y necesidad en las reivindicaciones planteadas por los Jueces y Magistrados, al menos en muchas de ellas.
3. No parece que la huelga sea el camino más apropiado para resolver los problemas indicados.
4. Las puertas abiertas por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial a la negociación, deberían ser el mejor trayecto para resolver las cuestiones suscitadas, a través de ese mecanismo.
5. Los Procuradores estamos dispuestos a colaborar, con toda intensidad, en la resolución del conflicto, que nos conduzca a todos a un mejor funcionamiento de nuestra Justicia, en beneficio de los ciudadanos.
Tras secundar la huelga del día 18 de febrero el Foro Judicial Independiente, la Asociación Francisco de Vitoria ha decidido respaldarla también, lo que supone separarse de la línea unitaria mantenida por las Asociaciones Judiciales cuya previsión era posponerla para el próximo 26 junio.
La Asociación Profesional de la Magistratura se mantiene en su postura de negociar con el Ministerio, cuestión que debatirá la de Jueces para la Democracia el próximo jueves.
En otro orden de cosas pero relacionadas con este mismo tema, el partido del Gobierno y el PP parecen compartir la postura de ceder en uno de los puntos más controvertidos de las reivindicaciones judiciales enmendando la Ley de la Oficina Judicial para que los Magistrados sean quienes señalen las vistas, es decir que sea el Juez quien decida sobre las vistas y marque la agenda del Juzgado.
El proyecto se encuentra en estos momentos en fase de tramitación en la Comisión de Justicia del Congreso, y el plazo para la presentación de enmiendas terminará el 10 de febrero.
Mª Antonia Cruz Izquierdo, Presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid visitó ayer día 27 las instalaciones de los Procuradores Madrileños, siendo recibida por el Decano del Colegio, Antonio Álvarez-Buylla.
Durante el encuentro ambos responsables institucionales intercambiaron opiniones sobre la situación actual de la Justicia, particularmente sobre la marcha de la justicia social en la Comunidad de Madrid, así como sobre los problemas que están planteándose para ambos colectivos profesionales como consecuencia de la dispersión de sedes judiciales que se está produciendo en la capital, entre otras cuestiones de interés común.
Los representantes de las asociaciones de jueces no han llegado a un acuerdo durante su reunión, mantenida ayer día 26, con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, por lo que han decidido "mantener en toda su vigencia" las movilizaciones previstas. Esto supone, en el caso de Madrid, que se mantiene la convocatoria de huelga para el próximo día 18 de febrero.
En este primer encuentro, Bermejo ofreció a los jueces una partida adicional de 20 millones de euros destinados a la modernización de la Justicia y que calificó como "un esfuerzo añadido" que "permitirá adelantar los plazos marcados", por lo que, señaló, "no se justifica" que los magistrados sigan adelante con sus planes. Además, se comprometió a mantener la cifra de crecimiento de plazas de jueces y fiscales, poner en marcha un régimen de sustitución, suprimir el traslado forzoso y eliminar la interinidad en los juzgados.
A la reunión asistieron los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente, y se trataron las reivindicaciones contenidas en el documento aprobado por las cuatro asociaciones judiciales en el que se pide, entre otras cuestiones, la urgente instauración de la nueva oficina judicial, establecer un calendario concreto para la modernización tecnológica o que el Ministerio asuma el compromiso de que la agenda de señalamientos seguirá en manos de los magistrados.
Al no haberse llegado a un acuerdo, las asociaciones aseguraron que la situación "no está resuelta" por lo que los actos de reivindicación previstos para los próximos meses "mantienen toda su vigencia".
Cerca de la mitad de los ciudadanos piensa que la falta de medios es el principal problema y la causa del actual deterioro que sufre la Administración de Justicia. Para la mayoría de los ciudadanos el funcionamiento de los Tribunales es malo o muy malo.
Según un estudio encargado por el periódico La Razón, existe un sentimiento mayoritario de que los Tribunales funcionan deficientemente, lo que comparten el 58% de los ciudadanos, quienes sí confían en la imparcialidad de los jueces así como en su independencia política. En el otro sentido, el 35,1% responsabiliza del mal funcionamiento al componente humano.
Frente a lo anterior, el 33,8% cree que el funcionamiento de la Justicia es bueno o muy bueno.
