CURSO DE MEDIACION SECRETARIOS JUDICIALES-PROCURADORES

Hoy, 12 de diciembre, se celebró en la Sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un encuentro convocado por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, con la colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos, sobre MEDIACION.

Pendientes de la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley 5/2012 donde se nos aclare la formación y registro de los mediadores; los Secretarios Judiciales y los Procuradores de los Tribunales se han reunido para recibir formación sobre este sistema alternativo de resolución de conflictos.

Fueron ponentes en una primera mesa, la Secretaria Corrdinadora Povincial de Zaragoza, Angeles Julvez, la Procuradora Marisa Montero y la periodista Nati Villanueva. Intentaron analizar el marco legal, los principios de la mediación en relación a los perfiles de la mediación intrajudicial y la difusión de la mediación para su debido conocimiento del ciudadano.

En la segunda mesa la Procuradora Rocio Sampere, el Secretario Judicial Pedro González-Romo y el Letrado Francisco de Asis, se explicó el proceso de mediación, la diferencia entre conciliación y mediación y el momento de derivación de la mediación intrajudicial.

El debate formaba parte del programa, la intervención de los asistentes fue interesante en orden a la elaboración de las conclusiones que se publicarán en nuestra revista.

Es sin duda una colaboración entre cooperadores juídicos, Secretarios Judiciales y Procuradores de los Tribunales, que redundará en beneficio del ciudadano en aras a cumplir con el mandato del art 36 CE que es sin duda velar por el interés general.

CARLOS LESMES, NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (CGPJ)

En el pleno celebrado por el nuevo Consejo General del Poder Judicial, hoy día 9 de diciembre, Carlos Lesmes Serrano, ha sido nombrado Presidente de dicho organismo, con 16 votos a favor de 20, cargo que desempeñará durante los próximos cinco años.

El nuevo Presidente accede por oposición a la Carrera Judicial y a la carrera Fiscal en el año 1984. Desde esa fecha hasta 1993, año en el que obteniendo, también por oposición, la categoría de Magistrado Especialista de lo Contencioso-Administrativo, ejerce la carrera fiscal., en la AP de Alicante, en el TSJ de Madrid y ante el Tribunal Constitucional.

Como Magistrado, siempre en el área de lo Contencioso-Administrativo, ejerce en el TSJ de la Comunidad Valenciana, en la Audiencia Nacional, órgano en el que desempeña el cargo de Presidente de su Sala en esta jurisdicción, así como el de Presidente en funciones de la propia Audiencia Nacional. En marzo de 2010 es nombrado Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

Entre los años 1996 y 2000 fue Director General de Objeción de Conciencia en el Ministerio de Justicia. Entre otras funciones, fue responsable de la ordenación y programación de la prestación social sustitutoria. Entre los años 2000 y 2004 fue Director General de Relaciones con la Administración de Justicia en el Ministerio de Justicia. (Entre otras muchas funciones, responsable de la preparación de las propuestas para el Pacto de Estado de la Reforma de la Justicia del año 2001 y de la elaboración del Anteproyecto de la Ley Orgánica 19/2003 de reforma de la oficina judicial y del estatuto del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia. Responsable también de la gestión de personal de más de 16.000 funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, 2.800 secretarios judiciales y 1700 Fiscales, además de otro personal como médicos forenses o personal del Instituto Nacional de Toxicología)

Ha participado como director y como ponente en numerosos encuentros científicos y ha publicado obras y artículos relacionadas con temas tan importantes como: Protección de datos de carácter personal, Derecho de Internet, Derecho Penal Administrativo, Ética de las Profesiones Jurídicas, Contratación Pública y Proceso contencioso-administrativo.

Ha sido miembro de la Comisión Institucional para la elaboración de una propuesta de texto articulado de Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Demarcación y Planta Judicial, estando en posesión de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort y de la Medalla de Oro concedida por la Liga Española Pro-Derechos Humanos.

JURA ANTE EL REY Y TOMA POSESIÓN EL NUEVO CGPJ

Los nuevos 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), juraron o prometieron ayer, día 4 de diciembre, su cargo ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela y tomaron posesión del mismo en un pleno celebrado en las dependencias del propio órgano de Gobierno de los Jueces, presidido por Rafael Fernández Valverde, en razón de ser el vocal de mayor edad.

El nuevo Consejo está integrado por 10 hombres y 10 mujeres, que estrenarán la última reforma de este órgano, que limita a los cinco miembros de la Comisión Permanente, más el Presidente el número de vocales con dedicación exclusiva al cargo.

Según la nueva ley que regula el Consejo General del Poder Judicial, durante la sesión constitutiva cada uno de los veinte vocales podrá proponer un candidato a presidente del órgano y el Pleno deberá reunirse de nuevo para votarlo, lo que está previsto sea el próximo lunes, día 9 de diciembre.

En cuanto a la procedencia de los Vocales, el Senado nombró a los juristas de reconocido prestigio Vicente Gilarte, catedrático de Derecho Civil; la secretaria judicial María Ángeles Carmona -ambos seleccionados por el PP-; Pilar Sepúlveda García de la Torre, nominada por el PSOE; y Mercé Pigem, diputada de CiU, quedando como suplente primero el Decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Antonio Mª Alvarez-Buylla.

Dentro de este cupo de juristas el Congreso nombró a Nuria Díaz Abad, propuesta por el PP; Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE y expresidente de la Comisión de Justicia en el Congreso; Concepción Saez Rodríguez, secretaria judicial promovida por Izquierda Unida; y Enrique Lucas, catedrático y abogado auspiciado por el PNV.

Por lo que se refiere doce vocales de origen judicial. Por el Senado son el magistrado del Tribunal Supremo, Wenceslao Francisco Olea; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández Martínez y el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y Fernando Grande-Marlaska, todos ellos a propuesta del PP. A ellos se suman la magistrada de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, María Victoria Cinto; la exresponsable de la Escuela Judicial Roser Bach y la magistrada del Juzgado de Primera Instancia 55 de Madrid, María del Mar Cabrejas por parte del PSOE.

En el Congreso fueron nombrados en este cupo de jueces los magistrados del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde, a propuesta del PP y Clara Martínez de Careaga, a propuesta del PSOE; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya; la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, Carmen Llombart; el presidente de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Gerardo Martínez Tristán --todos ellos a propuesta del PP--, y el de la Audiencia Provincial de Madrid, Rafael Mozo Muelas, por el PSOE.

CURSO DE FORMACIÓN PARA EMPLEADOS DEL COLEGIO

En el marco del programa de formación integral y continuada, diseñado por el Centro Oficial de Formación (COF) del Colegio y contando con el apoyo del Comité de Empresa, a mediados de noviembre, se celebró, en el aula del Colegio, un curso para empleados, impartido por Pilar Rivilla, de DGE Bruxelles S.L, experta en este tipo de actividades.

El curso ha resultado muy interesante y productivo, tratándose en el mismo tres bloques de contenido bien diferenciados: Inteligencia emocional, Gestión eficaz del tiempo y Motivación laboral, cuestiones todas ellas, de gran trascendencia en el ámbito personal y con enorme incidencia en el laboral, sobre todo en clave de productividad y satisfacción de los trabajadores.

"PRESCINDIR DE LOS PROCURADORES SALDRÍA MUY CARO A LA JUSTICIA"

Con este titular aparece hoy un amplio artículo en el periódico EXPANSIÓN, firmado por Almudena Vigil, en el que se informa sobre la celebración de un Observatorio en este periódico, bajo el titulo "La Justicia en la Ley de Servicios Profesionales". Dicho titular corresponde a palabras textuales del Subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, dichas durante su intervención en el mismo.

La razón esgrimida para esta a afirmación, es que supondría modificar todo el actual sistema de notificaciones, traslado de escritos y otras tareas realizadas por los procuradores y por los Colegios de Procuradores, lo que supondría una larga y ardua tarea, amén de un importante coste para la Administración.

Del mismo modo el Subsecretario se refirió a que la compatibilidad defendida por Economía entre abogados y procuradores, "va en la dirección contraria" a la reforma prevista e en la Ley de Enjuiciamiento Civil, actualmente en tramitación, y que otorga a los procuradores nuevas e importantísimas competencias en el terreno de la ejecución de sentencias, en condiciones de agente de la autoridad.

Juan Carlos Estévez, Presidente del Consejo de procuradores, se manifestó en similares términos y razones, llegando a afirmar que esta reforma supondría, en cierta medida "Destrozar el sistema de Justicia", modificando "cuestiones que funcionan bien".

La Decana del Colegio de Abogados de Madrid , Sonia Gumpert, y Manuel G. Altava, portavoz de la Comisión de Justicia del Partido Popular en el Senado, coincidieron en resaltar la importante labor que están realizando los Colegios Profesionales, citando como ejemplo significativo, en el caso de Abogados y Procuradores, el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita. Altava afirmó, además que los Colegios no suponen carga económica para la Administració y defendió el actual modelo, rematando que se trata de "una reforma jurídica hecha por economistas".

La diputada de CIU, Montse Surroca, afirmó que esta reforma puede afectar a la buena calidad de los servicios profesionales, por lo que recomendó "no tocar lo que funciona bien". Enrique Arnaldo, Catedrático de la URJC, llegó a afirmar que la reforma representaba "un ataque gratuito e innecesario a las profesiones", además de crear una enorme confusión, tanto en los profesionales, como en la propia sociedad.

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