La huelga de los 9.500 funcionarios de Justicia de las siete Comunidades que no tienen transferidas las competencias en esta materia, y de los Órganos Centrales de Madrid, finalizó ayer día 7 tras haber alcanzado un acuerdo el Ministerio con las principales centrales Sindicales y haber sido refrendado por el 61,48 % de los trabajadores de CSI-CSIF y STAJ.
Después de más de dos meses de paro la huelga deja en los Juzgados y Tribunales más de 130.000 actuaciones pendientes cuya actualización, en la que se han comprometido los trabajadores en colaborar obteniendo como contrapartida un plus extra, durará según las estimaciones previstas por el Ministerio, en torno a seis meses, aunque se habla de un año como período más seguro para recuperar la normalidad.
En los citados dos meses, en torno a 30.000 juicios se han tenido que suspender, mientras que en el Registro Civil Central, que es uno de los Órganos más afectados por la huelga, se han paralizado más del 77% de los expedientes y cerca de un 84% de los procedimientos. Concretamente en el Tribunal Supremo hay 11.700 escritos pendientes de registrar y 130 sentencias que no se han podido notificar.
Ayer día 6 el Ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo y los responsables de Función Pública de CCOO y UGT, firmaron un acuerdo que pone fin a la huelga de los funcionarios de Justicia después de más de dos meses. Por su parte los Sindicatos CSI-CESIF y STAJ, a pesar de haber manifestado estar de acuerdo con las líneas básicas del documento, no lo han firmado a expensas de someterlo hoy a consulta de los trabajadores.
Los firmantes del acuerdo han manifestado gran satisfacción por los términos del mismo, en la medida que no permite el sentimiento de ganadores ni perdedores y, en sus manifestaciones públicas han pedido perdón a la ciudadanía por los grandes trastornos que dicha huelga ha supuesto para el funcionamiento de nuestra Administración de Justicia.
Las estimaciones hablan de más de 30.000 juicios suspendidos a los que habría que añadir un número muy importante de diligencias y escritos que se han dejado de tramitar, por lo que y en ello se han comprometido los firmantes del acuerdo, habrá que hacer grandes esfuerzos para poner al día nuestros Juzgados y Tribunales, estimándose el período de un año como el posible para conseguirlo.
En el marco del Salón de Actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ayer día 3 se procedió a la celebración del acto solemne de imposición de la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort, a Leopoldo Puig Pérez de Inestrosa, ex Decano del Colegio; Andrés Figueroa Espinosa de los Monteros, ex Vocal de la Junta de Gobierno y actual Subinspector General de la Mutualidad de Procuradores; Ramiro Reynolds Martínez Secretario del Colegio, e Ignacio Melchor Oruña, Vocal 2º de la Junta de Gobierno.
Para todos ellos el Decano y los demás intervinientes, tuvieron palabras de exaltación y agradecimiento, tanto por su ejemplar y cualificado ejercicio profesional como por los servicios prestados en los diferentes órganos de gobierno de los procuradores, particularmente en la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid, del Consejo y de la Mutualidad de Procuradores.
En el apartado de las respuestas, los homenajeados agradecieron cordialmente la distinción de que eran objeto y expresaron su firme voluntad de seguir trabajando con ilusión y empeño en las instituciones en las que actualmente desempeñan cargos, dedicando palabras especialmente cariñosas a sus familias en agradecimiento por su apoyo.
El acto, al que asistieron un nutrido grupo de compañeros, amigos y familiares de los homenajeados, además de la práctica totalidad de la Junta de Gobierno, estuvo presidido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier Mª Casas, a quien acompañaba el Presidente del Consejo General de Procuradores Juan Carlos Estévez, el Presidente de la Mutualidad Jorge Deleito, el Decano del Colegio Antonio Álvarez-Buylla y, la Vicedecana, Mercedes Ruiz-Gopegui.
En contra de las previsiones de días anteriores en los que se hablaba de una posible solución al conflicto de los funcionarios de Justicia no transferida, ayer día 2, la Asamblea de Trabajadores rechazó la última propuesta salarial del Ministerio tal y como habían recomendado los Sindicatos.
Tras conocerse que la huelga continuaría, el Ministerio anunció a través de un comunicado que pondrá en marcha "los planes de actuación que sean necesarios para paliar los efectos del conflicto".
El escollo fundamental que ha impedido el acuerdo está en la diferencia de 40 euros mensuales entre la propuesta de incremento realizada por el Ministerio y la que los trabajadores proponen, motivo por el cual se cumplen ya dos meses de huelga y que según el CGPJ, está produciendo unos trastornos sin precedentes que tardarán un año en normalizarse.
El CGPJ anunció que reformará su sistema de Inspección a la luz de los fallos detectados en el mismo como se ha puesto de manifiesto en el caso del presunto asesino de la niña de Huelva.
La Comisión Permanente acordó formar un grupo de trabajo destinado a revisar la guía de criterios, fijándose entre sus objetivos el añadir al sistema aleatorio del 10% de las causas de un Juzgado existentes actualmente, una selección adicional de las causas que por su gravedad, naturaleza, urgencia o materia merezcan un examen prioritario y exhaustivo.
En opinión del Portavoz del Órgano de Gobierno de los Jueces, Enrique López, en la Inspección se debe buscar que no quede fuera ningún asunto importante, como ha ocurrido en el caso de Santiago del Valle, condenado por abusar de su hija y otra menor, pero que no cumplió sus penas.
