El Ministerio de Justicia presentó a los Sindicatos el borrador del plan destinado a la recuperación del trabajo acumulado por motivo de la huelga de funcionarios de Justicia que ha durado desde el 4 de febrero al 7 de abril del presente año.
El plan se desarrollará en cuatro fases, la primera de las cuales comenzará de manera inminente en aquellos organismos excepcionalmente afectados por el paro como es el caso del Registro Civil Central. Los dos siguientes lo harán en el momento en que se termine de evaluar el impacto exacto de la huelga por parte de los Secretarios Judiciales y, finalmente el último, se hará en una fase posterior en aquellos lugares en los que la huelga apenas ha tenido incidencia.
En ese plan de recuperación intervendrán funcionarios que de forma voluntaria estén dispuestos a realizar horas extra, comisionando funcionarios en aquellos organismos en que resulte necesario. Las retribuciones por este trabajo están aún pendiente de definirse, pero estará relacionada con el tiempo de recuperación.
Aunque las previsiones iniciales son que el plan se desarrolle en tres meses, este se irá prorrogando progresivamente en los lugares que resulte necesario. Algunos representantes sindicales hablan de que hará falta un año para culminar la recuperación, en cuyo plan se ha conseguido un clima de gran colaboración entre el Ministerio y los trabajadores.
El Pleno del CGPJ informó favorablemente y por unanimidad sobre Cándido Conde Pumpido en el sentido de que reúne los méritos y requisitos exigidos para desempeñar el cargo de Fiscal General del Estado.
Esta decisión aunque no es vinculante, viene determinada por el artículo 124 de la Constitución, quedando pendiente que acuda al Parlamento para que el poder legislativo evalúe su designación. De esta forma el cargo de Fiscal General del Estado, quedará validado por primera vez, tras la entrada en vigor del Nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, tras haber sido refrendado por los tres poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
La descoordinación entre los sistemas informáticos, particularmente los de gestión procesal, es uno de los problemas más importantes que padece la Administración de Justicia en nuestro país al no permitir compartir la información entre las diferentes oficinas y organismos judiciales, lo que permitiría el control tecnológico de cada fase del procedimiento.
Sobre este particular el Presidente del Colegio del Secretarios Judiciales, Antonio Dorado, ha reclamado un sistema de alertas y notificaciones como mecanismo destinado a evitar los fallos existentes en la coordinación entre los diferentes programas informáticos implantados en el territorio nacional.
Actualmente existen 7 sistemas informáticos diferentes sin que exista interconexión alguna entre los mismos, situación que ha dado pie a que interrelación judicial esté carente de la lógica y necesaria coordinación. En concreto el Ministerio de Justicia utiliza el sistema Libra, Andalucía el programa Adriano, Cataluña el Themis, en la Comunidad Valenciana utilizan el Cicerone, en Canarias el Atlante, en el País Vasco el Oficina Judicial y, Galicia tiene también el suyo propio.
Ayer día 14 de abril tuvo lugar el acto de inicio de las tutorías que realizan los Procuradores a alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid que cursan la licenciatura en Derecho. En este año 2008 participan en las prácticas dieciséis alumnos de la Facultad, cuyas tutorías de Procuradores les servirán para completar el "practicum" que prevé el plan de estudios al final de la licenciatura. Este año es el quinto que se celebran estas prácticas profesionales desde que se firmó el convenio de colaboración por el Colegio de Procuradores de Madrid con la Universidad Autónoma de Madrid.
El acto de bienvenida a los alumnos tuvo lugar en la Sala de Juntas del Consejo General de Procuradores, donde se procedió a la adscripción de alumnos a los Procuradores, y se les hizo entrega del material necesario para un mejor aprovechamiento de las prácticas. Presidió el acto el Decano Antonio Mª Alvarez-Buylla Ballesteros, que en una breve intervención manifestó la importancia de las funciones públicas y privadas de los Procuradores de los Tribunales y de la gran oportunidad que se les presenta con estas prácticas a los alumnos dado que conocerán de primera mano el funcionamiento de los tribunales y el importante papel de los Procuradores como cooperadores de la Administración de Justicia. También asistieron varios miembros de la Junta de Gobierno del Colegio. La coordinación de las tutorías la tienen la profesora de Derecho Constitucional de la UAM Alicia González Alonso y el Procurador Manuel Alvarez-Buylla Ballesteros por parte del Colegio de Procuradores.
Entre la documentación que este año se ha repartido a los alumnos para el mejor aprovechamiento de las prácticas profesionales se encuentran el funcionamiento del nuevo servicio de depósitos organizado por el Colegio así como una introducción a las notificaciones telemáticas vía Lexnet. Asimismo, como novedad de este año, el Secretario del Colegio ha expedido certificaciones a todos los alumnos participantes para que puedan acreditarse como alumnos en prácticas en los controles de las sedes judiciales siempre que acudan acompañados de sus tutores.
El pasado viernes día 11 la Junta de Jueces de Madrid acordó exigir al Consejo General del Poder Judicial delimitar la carga máxima de trabajo que pueda asumir cada juzgado, convirtiendo este tope en límite para el reparto de más asuntos a los citados juzgados.
Esta postura lleva implícita la necesidad de creación urgente de nuevos órganos judiciales, cuestión que ha sido reivindicada por la citada Junta para su creación de forma inmediata y como medio imprescindible para paliar las dilaciones existentes.
Los Jueces y Magistrados advierten que asumen las responsabilidades de todo orden que tienen atribuidos pero que no se les podrá exigir las derivadas de acciones u omisiones del personal del juzgado o por deficiencias de medios, excesos de cargas de trabajo o cualquier otra deficiencia del sistema no imputable a su labor.
