En la reunión mantenida la pasada semana, los portavoces de todos los partidos políticos en el Congreso, a excepción del PP, que no acudió a la reunión, acordaron modificar, en la próxima legislatura, la Ley que regula la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de forma que nos pueda repetirse la actual situación en la que se ha mantenido durante más de un año en situación de prórroga.
Se trata de un cambio en la Ley que regula el funcionamiento del CGPJ, en el sentido de que si trascurren seis meses desde que se cumplan los cinco años de su mandato y no ha sido renovado, los veinte vocales cesarán en sus cargos y en su lugar funcionará una Comisión Permanente, que sólo podrá encargarse de los asuntos de mero trámite.
Se trata de una medida que, a criterio de sus defensores, forzará la renovación del CGPJ en un tiempo razonable, dado que algunas de sus competencias , como es el caso de los nombramientos o los informes sobre leyes deben mantener un ritmo normal para el correcto funcionamiento de las instituciones jurisdiccionales y la tramitación legislativa.
El pasado 1 de octubre se inició, a título experimental un proyecto piloto con el Juzgado de Primera Instancia nº 63 de Madrid y algunos Procuradores tramitando entre los mismos y dicho Juzgado, todas aquellas gestiones necesarias a través de correo electrónico, exceptuando las Notificaciones.
Dado el interés del tema y la efectividad del proyecto piloto, la posibilidad de este modelo de comunicación vía telemática se hace extensible a todo el colectivo de Procuradores que lo deseen y soliciten a partir de mañana día 1 de diciembre, pudiendo tramitarlo en las propias dependencias del Colegio directamente o por teléfono.
Desde ayer, los funcionarios de la Administración de Justicia de Madrid, mantienen una huelga indefinida exigiendo mejoras retributivas y laborales. Según el Comité de Huelga el paro se mantendrá hasta conseguir que los responsables de Justicia de la Comunidad se sienten a negociar el Convenio que afecta a unos 5.000 funcionarios en toda la Región.
Con anterioridad, los pasados días 7 y 14 de noviembre, los funcionarios hicieron huelga de la que ésta es continuación, argumentando que los responsables de Justicia de la Comunidad no muestran voluntad para paliar las graves carencias de los Juzgados y Tribunales madrileños. Según las mismas fuentes, el paro fue seguido ayer por más de un 80% de los funcionarios.
La reforma del Código Penal prevista para la presente legislatura y en proceso de tramitación parlamentaria desde hace un año, corre el riesgo de ser archivada por finalizar la legislatura salvo una tramitación de urgencia a última hora lo que no es previsible según portavoces del Congreso.
La reforma afectaba a 120 artículos de los 639 existentes y, estaba prevista que la misma modificarse cuestiones tan distintas como el trato a los delincuentes reincidentes, la clonación, el crimen organizado, el acoso laboral, la prostitución de menores, los delitos informáticos, los delitos fiscales y los delitos urbanísticos. Lo que sí ha sido aprobado es el tema relacionado con el endurecimiento de las penas por delitos de tráfico, cuya entrada en vigor será en breve.
El pasado día 22, Burgos inició una experiencia piloto aplicando el sistema Lexnet en los juzgados de lo Contencioso administrativo 1, de Primera Instancia 1 y de Instrucción 1, teniendo la previsión de que a partir del 8 de enero de 2008, comenzará a funcionar en el resto de los Órganos judiciales de la ciudad.
Como es conocido, el sistema Lexnet está basado en el correo electrónico que proporciona, según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, "la máxima seguridad y fiabilidad para los usuarios y cuenta con garantías como la confidencialidad en las comunicaciones y el sello de tiempo para constatar el momento en que produce la comunicación".
Lexnet tiene la gran ventaja de facilitar las comunicaciones procesales ahorrando tiempo y desplazamientos físicos en las notificaciones de escritos, sentencias y recursos.
A este primer proyecto Lexnet, se han sumando el Colegio de Procuradores de Burgos, que elaboró un protocolo de actuación el cual fue aprobado por el Consejo General del Poder Judicial el pasado octubre y, la Abogacía del Estado, teniendo la previsión de que muy pronto se unirán al mismo la Fiscalía y los Colegios de Abogados y Graduados Sociales, así como otras instituciones relacionadas con la Administración de Justicia.
