Ana Ferrer García ha tomado, hoy día 20 de febrero, posesión del cargo de Presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, en un acto presidido por Javier Vieira Morante, recientemente nombrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al que asistieron, entre otras autoridades la Presidenta del Gobierno Regional, Esperanza Aguirre y el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.
Ana Ferrer García (casada y madre de dos hijos) nació en 1959. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1982, compatibilizó los estudios con el trabajo en el Tribunal Tutelar de Menores, primero como delegada profesional y posteriormente como técnico superior.
Ingresó en la carrera judicial en el año 1983, y desde 1996 está destinada en la Audiencia Provincial de Madrid.
Con anterioridad, y como juez de Instrucción, le correspondió la tramitación de sumarios de gran relevancia pública, como los incoados por los delitos imputados al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, a la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, o los iniciados tras la desaparición y muerte de la niña Susana Ruiz, entre muchos otros.
En sus más de 25 años de actividad profesional ha estado destinada en Valdepeñas (1984), en Linares (Jaén 1986-1987), en Aranjuez (Madrid 1987-1988), en Leganés (Madrid 1988-1989) y en el Juzgado de Instrucción nº 16 de Madrid (1989-1996).
Ana Ferrer García es miembro de Jueces por la Democracia.
El Comité Nacional de Huelga cifró en un 62% el seguimiento del paro que llevan a cabo jueces y magistrados de toda España para exigir al Gobierno mejoras estructurales a favor de la Administración de Justicia. Un total de 2.192 miembros de la carrera judicial de los 3.500 que ejercen labores jurisdiccionales ejercieron su derecho a la huelga, la primera que se convoca en España. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en un 35,47 por ciento el respaldo, es decir, un total de 1.621 jueces.
Los jueces y magistrados respaldaron masivamente la huelga, un éxito celebrado por las asociaciones judiciales de Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente. Según datos computados por el Comité, 278 de ellos lo hicieron en Madrid.
"Queremos que los jueces y el Gobierno central dialoguen para ver las necesidades de la Justicia con el fin de acometer una verdadera transformación de la Justicia en España", aseveró el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, en la rueda de prensa ofrecida en los Juzgados ordinarios de Madrid.
Con el respaldo a la huelga, FV y FJI se distanciaron de la propuesta consensuada el pasado 12 de enero con el resto de asociaciones (la Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia), que pasa por realizar meras concentraciones el día 18 a la puerta de los juzgados y una posible huelga para el 26 de junio.
Las demandas de la Judicatura pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.
Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5 por ciento, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales.
Sobre el incremento de la plantilla, estiman que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 plazas judiciales -ahora hay 4.400, con jueces profesionales- con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital.
Jueces y magistrados de la práctica totalidad de órganos judiciales de toda España están llamados hoy miércoles, 18 de febrero, a secundar lo que será la primera huelga de este colectivo en la historia de nuestro país.
La protesta es respaldada por cerca del 20% de la carrera (unos 800 jueces), que apoyaron la adopción de la medida en juntas celebradas el pasado 21 de enero en sus respectivos territorios, y también por dos de las cuatro asociaciones a las que pertenece cerca del 40% de la Judicatura -Francisco de Vitoria (FV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)-.
Las otras dos formaciones, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), apoyan una versión más moderada de la protesta, consistente en la celebración de concentraciones que se materializarán sobre el mediodía a las puertas de los órganos judiciales más emblemáticos de cada ciudad.
Los jueces han convocado este paro como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas con competencias acepten sus reivindicaciones, que pasan por la implantación de la nueva Oficina Judicial, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea, un aumento retributivo y el no perder la agenda de los señalamientos (potestad que una reforma legal prevé asignar a los secretarios judiciales).
Ante la inhibición al respecto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un nutrido grupo de jueces acudieron a una asamblea celebrada el pasado sábado en Madrid en la que establecieron unos servicios mínimos que incluyen los trámites para celebrar matrimonios ante el Registro Civil y, en la vía penal, la celebración de juicios con causa con preso y las diligencias de servicios de guardia que afecten a derechos fundamentales, como entradas y registros o intervenciones telefónicas.
En la Comunidad de Madrid, la huelga de jueces viene a unirse a la que mantienen los funcionarios regionales de justicia, que se inició ayer y está previsto dure dos semanas, alternándose con una de trabajo de manera indefinida.
La huelga iniciada ayer, día 16, por los 5.800 empleados públicos de la Administración de Justicia madrileña ha obligado a suspender más de 2.000 actuaciones judiciales en la región. Los sindicatos cifraron el seguimiento del paro en un 81,32 por ciento, mientras que la Consejería de Justicia lo rebajó a un 40,9 por ciento.
Los empleados públicos alternarán quince días de huelga con una semana de trabajo como medida de presión. Aspiran a forzar a la Comunidad de Madrid a implantar medidas inmediatas que frenen el actual deterioro que atraviesan los tribunales de la región.
Un 85 por ciento de los juzgados contará durante estos días con servicios mínimos. En el caso de órganos unipersonales, cada juzgado dispondrá de un gestor, un tramitador y un auxiliar. Los Juzgados de Violencia contra la Mujer serán los únicos que cuenten con la plantilla habitual de funcionarios.
La convocatoria de huelga, realizada por CC.OO., STAJ y UGT con carácter indefinido, se produce como protesta a las políticas restrictivas que está llevando a cabo el Gobierno regional en materia económica y de personal.
La huelga irá acompañada de concentraciones diarias, a las 8.30 horas, a las puertas de las principales sedes judiciales de Madrid, como los Juzgados de Plaza de Castilla, la Audiencia Provincial de Madrid y el Registro Civil de la calle Pradillo, entre otras.
Entretanto, el consejero de Justicia, Francisco Granados, se comprometió a que los funcionarios recuperen "en el futuro" la pérdida económica que sufran este año con motivo de la rebaja de la oferta salarial, ajustada a la crisis económica, que realiza su departamento respecto a los acuerdos firmados en diciembre de 2007. Granados anunció que se reunirá con los sindicatos para desbloquear las movilizaciones.
Fuente: CIRCULAR Nº 37/09
En relación con la huelga convocada en el ámbito de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, que tendrá lugar a partir el próximo día 16 de febrero, adjunto a la Circular nº 37/09 tenéis disponible para vuestro conocimiento, Resolución de 11 de febrero de la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid, por la que se fijan servicios mínimos.
