La Consejera de Justicia, Regina Plañiol, en consonancia con la promesa realizada por la Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en su discurso de investidura, ha elaborado un informe con 54 medidas destinadas a mejorar el funcionamiento de la Justicia en la Comunidad de Madrid.
De entre las mismas, merece la pena destacar la que se refiere a la implantación de un sistema de control de horarios de los funcionarios, que comenzará, como experiencia piloto en 2012 en la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJM, y que, según el informe, responde a la petición de jueces y secretarios.
Junto a la anterior, también merece destacar la propuesta de reforma del Decreto Autonómico de 2003 para regular la Justicia Gratuita, exigiéndose al solicitante, cuanto menos la certificación negativa de rentas. También, se pedirá al Gobierno Central el incremento en el número de jueces y magistrados. Se revisará los sistemas de prolongación de jornada para que se limiten a situaciones verdaderamente excepcionales.
Finalmente, entre otras muchas, destacamos la medida que propone la creación de experiencias piloto en materia de mediación, la cual puede evitar procesos y solucionar el conflicto mediante acuerdos previos. Del mismo modo, se pide que el Estado reforme la actual Demarcación y Planta Judicial, dada su trasnochada situación. Reducir el altísimo índice de litigiosidad, sobre todo en el terreno de los recursos, sería otra medida, así como flexibilizar la actual inmovilidad funcionarial o la posible implantación de algún tipo de tasa judicial.
El Ministerio de Justicia publicó recientemente, en su página web, una guía práctica informativa sobre la prueba a la que se deben someter quienes pretendan acceder al ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador.
Tal y como exige la Ley de Acceso y su Reglamento (RD 775/2011), tras la realización de la carrera, el máster y el prácticum, los aspirantes deberán superar un examen tipo test, con cincuenta preguntas, al que deberán responder en hora y media, así como resolver, tras una hora de descanso, un caso práctico durante cuatro horas. Estas pruebas se realizarán entre los meses de enero y febrero todos los años.
De las preguntas del test, el 50% corresponderán a cuestiones generales, tales como la deontología profesional, el funcionamiento de la justicia gratuita o las responsabilidades derivadas del ejercicio profesional de abogado o procurador. Por su parte, el 50% restantes, serán de naturaleza técnica, es decir estarán relacionadas con la capacidad de aplicar los conocimientos jurídicos del aspirante al ejercicio de la profesión.
Recientemente se celebró una reunión de la mayor parte de Jueces de lo mercantil de Madrid, once en total, en la que se ha tratado de adoptar unos criterios comunes sobre algunas de las cuestiones conflictivas de la reforma de la Ley Concursal que entrará en vigor en enero de 2012.
Según el documento remitido al Colegio, con fecha 13 de diciembre,: "No se trata de acuerdos cerrados, ni de decisiones vinculantes, lo que queda para cada resolución judicial, sino de una aproximación a los criterios con los que enfrentarse a los primeros problemas prácticos. Tampoco pretende abordar problemas de especial calado doctrinal, sino dar respuesta a cuestiones más bien prácticas y de funcionamiento. Tampoco tiene como objetivo agotar la totalidad de los problemas existentes.
Se expresan tan solo los criterios, sin una exposición doctrinal o razonada, propia de otros documentos, salvo en algún punto conflictivo, ya que el fin de la reunión no es tanto profundizar en los argumentos, como fijar (al menos provisionalmente) posiciones resultantes que ofrezcan en la medida de lo posible una homogeneidad en el tratamiento judicial y una cierta confianza en los operadores jurídicos".
Dado el interés que el tema tiene para la profesión, se recomienda consultar la circular 191/11, en la que, como documento adjunto, se incorpora el texto íntegro de las conclusiones alcanzadas en la citada reunión.
Pedro González-Trevijano Sánchez, Rector Magnífico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y el Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, firmaron, hoy día 26 de diciembre, dos convenios de colaboración, uno en materia de formación continuada e integral, y otro destinado a la celebración del máster exigido para a la obtención del título de procurador de los tribunales, así como sobre el prácticum, en el mismo sentido.
En relación al primero, y partiendo de que el ICPM tiene constituido el Centro Oficial de Formación, cuyo objeto es proporcionar una formación de calidad y excelencia para el desempeño de las actividades profesionales de la Procura, orientada a la formación continuada, a la actualización y especialización en los conocimientos que sean necesarios para el adecuado desempeño de la actividad profesional, y, por otra parte, que la URJC tiene asimismo en el ámbito de sus competencias, y de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso, la misión, la formación y la capacitación profesional de quienes pretenden ejercer la profesión de Procurador de los Tribunales, por lo que ambas partes confluyen en idéntico fin.
Desde de tales supuesto, el objeto del primer convenio es la creación de un programa de cooperación entre la URJC y el ICPM en los cursos y actividades que el ICPM programe en su Centro Oficial de Formación Permanente y sean ofertados a la URJC y aceptados por ésta.
En cuanto al segundo convenio, referido al máster y el prácticum para la obtención del título de Procurador, tanto la URJC como el ICPM, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso, tienen entre sus objetivos y misiones la formación y la capacitación profesional de quienes pretenden ejercer actividades profesionales, y en concreto, el ICPM en relación con los Procuradores de los Tribunales.
Dado que la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, exige la superación de una formación específica y una posterior acreditación de la aptitud profesional para la obtención del título profesional de Procurador de los Tribunales, las instituciones firmantes manifiestan su firme intención de colaborar a los efectos de dicha Ley mediante la impartición por la URJC de las enseñanzas conducentes a la obtención de título oficial interuniversitario de "Máster Universitario habilitante para la obtención del título de Procurador de los Tribunales", cuyo programa de prácticas quedará garantizado por ICPM.
Alberto Ruiz-Gallardón, tras 28 años en la política madrileña, primero como Concejal, después como Presidente de la Comunidad y finalmente como Alcalde de la Capital, ha sido nombrado, por Mariano Rajoy, nuevo Ministro de Justicia.
Gallardón, fiscal de profesión, se enfrenta a un importante reto, como es el de modernizar la Justicia para recuperar la confianza de los ciudadanos en este medular servicio social, recuperar el prestigio de instituciones tan trascendentales como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aplicar las últimas reformas procesales y las destinadas a implantar la nueva oficina judicial y reformar la trasnochada Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otros muchos e importantes retos.
Los procuradores, como no podía ser de otra forma, además de felicitarle y desearle todo el éxito en su nueva etapa política, se ofrecen al nuevo Ministro para colaborar en todo aquello que suponga mejoras para la Administración de Justicia y que favorezca su inevitable proceso de modernización, al fin de adaptarla a las demandas y necesidades actuales.
