Fuente: Comunicación Poder Judicial
El Consejo General del Poder Judicial, en su sesión plenaria de hoy, ha nombrado al magistrado Celso Rodríguez Padrón nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cargo vacante tras renuncia del anterior presidente, Francisco Javier Vieira Morante, quien ha pasado a desempeñar un nuevo puesto judicial.
El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ingresó en la carrera judicial en 1988, siendo su primer destino como juez el juzgado de primera instancia e instrucción de Valverde del Camino, en la provincia de Huelva.
Ascendió a magistrado en 1990, siendo destinado al juzgado de primera instancia 35 de Barcelona, desde donde se trasladó en septiembre de 1991 al juzgado de instrucción 4 de Vigo. Desde enero de 1995 a septiembre de 1998, Rodríguez Padrón fue Letrado al servicio del Consejo General del Poder Judicial, en la Sección de Selección de la Escuela Judicial.
Se reincorporó al servicio activo en la Carrera Judicial, pasando a ocupar plaza en el juzgado de instrucción 4 de Sevilla, plaza que había obtenido en concurso de traslado en mayo de 1997. El 2 de junio de 1999, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial le nombró Secretario General del CGPJ, cargo en el que permaneció hasta diciembre de 2013.
Desde esa fecha, Celso Rodríguez Padrón es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, en el orden penal.
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Fuente: www.elmundo.es
Tras la unificación de la Audiencia Provincial con dos inmuebles más en la calle Santiago de Compostela y de la creación de un núcleo penal en un radio de 100 metros el distrito de San Blas, el Gobierno regional culmina ahora su plan de modernización de las infraestructuras con la concentración de todos los organismos de la jurisdicción civil -salvo los de tutelas e incapacidades y los de las cláusulas suelo- en el entorno de Capitán Haya.
Para ello, el Ejecutivo autonómico ha alquilado íntegramente un edificio de 9.600 metros cuadrados distribuidos en 11 plantas y situado en la calle Rosario Pino nº5, a donde se trasladarán los 36 juzgados de primera instancia que ahora están dispersos en siete localizaciones distintas. En la Consejería de Justicia señalan que las obras de acondicionamiento de las instalaciones estarán listas antes de que acabe la legislatura y la mudanza podrá realizarse durante el segundo semestre del año.
La nueva sede civil estará a menos de cinco minutos a pie de Capitán Haya nº66, donde actualmente se ubican otros 46 juzgados de Primera Instancia, y de Francisco Gervás nº10, que alberga 14 juzgados de Familia.
Además de aumentar la superficie disponible, el objetivo prioritario de este cambio es «acabar con las disfunciones administrativas y suspensiones de juicios por no asistencia de las partes» porque no pueden desplazarse a tiempo de una punta a otra de la ciudad y «reducir gastos sede mantenimiento y de transporte de documentación». «Esta actuación era verdaderamente necesaria, responde a una demanda planteada por los operadores jurídicos y se enmarca dentro del compromiso del Gobierno de Ángel Garrido de destinar más recursos y modernizar las infraestructuras judiciales», apunta la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola.
Además, en la sede de Plaza Castilla se ampliará ahora la superficie destinada a la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria y se construirá la segunda cámara gesell de la región, un recurso judicial compuesto por dos espacios anexos para tomar declaración a menores que han sido víctimas de algún delito sin necesidad de que tengan contacto visual con su presunto agresor. Esto será posible tras el traslado ya realizado de los juzgados de Ejecutorias Penales a San Blas y el que se hará próximamente de dos juzgados de Primera Instancia al nuevo núcleo civil de Capitán Haya.
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Fuente: Comunicación Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid garantiza la justicia gratuita tras aprobar ayer el Consejo de Gobierno regional destinar un total de 42,8 millones de euros para asegurar los pagos a los abogados y procuradores durante este año. Esta cantidad se completará, próximamente, con los siete millones de euros correspondientes al turno de oficio.
Según informa el Gobierno regional, los baremos de justicia gratuita han aumentado este año para tres de los procedimientos que practican los procuradores, como son los relativos a las jurisdicciones penal y civil y los gastos de tramitación. En todos los casos los baremos de la Comunidad de Madrid son más altos que los del Ministerio.
En total, los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2019 contemplan una partida de 50,6 millones de euros destinada a asistencia jurídica gratuita: justicia gratuita, turno de oficio, servicios de orientación jurídica y nuestro Servicio de Representación Procesal del ICPM.
Además, la Comunidad de Madrid ha agilizado al máximo los pagos de la asistencia jurídica gratuita con la puesta en marcha de un nuevo sistema de abono que se hace mes a mes y de forma anticipada.
Con este nuevo sistema, el Gobierno de Ángel Garrido da respuesta a una de las reivindicaciones históricas de los procuradores y cumple con uno de sus compromisos electorales, el de ?agilizar los pagos de asistencia gratuita del turno de oficio para garantizar el derecho de la defensa de las personas con menos recursos económicos y actualizar los honorarios?.
Enlace a la nota informativa:
Facilitamos enlace al justificante de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia, responsable de administrar y mantener el entorno operativo y la disponibilidad del sistema LexNet, certificando las anomalías producidas en el sistema durante el día de ayer.
Estas circunstancias se hacen constar para que sean tenidas en cuenta a efectos de lo previsto en el artículo 12.2 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, que permite que en el caso de plazos de inminente vencimiento, el remitente pueda proceder a su presentación en el órgano u oficina judicial o fiscal, el primer día hábil siguiente, acompañando el presente justificante.
Fuente: TC, Oficina de prensa
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por mayoría desestimar la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, contra el último inciso del párrafo tercero del art. 152.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (redacción incorporada por el artículo único, apartado diecisiete, de la Ley 42/2015, de 5 de octubre) que señala ?(?) La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida?.
La sentencia explica que ?el acto de comunicación y el aviso, que carece de la garantía de autenticidad, discurren bajo dos regímenes jurídicos distintos que no permiten ser confundidos?; "el aviso representa un acto procesal efectuado por la oficina judicial, de carácter accesorio, que ayuda o facilita el conocimiento del hecho de haberse practicado un acto de comunicación, pero a cuyo acceso efectivo el aviso no coadyuva sino que exige la utilización del canal electrónico habilitado para el profesional?.
La sentencia tampoco acepta el argumento del TSJ de Castilla y León cuando dice que la utilización cotidiana por los profesionales de la justicia del sistema LexNET entraña una carga ?desproporcionada?. En este sentido, el Tribunal señala que ?no se alcanza a ver qué obstáculo legal para el bienestar de procuradores, graduados sociales o abogados, puede suponer que el legislador sustituya el régimen presencial diario en la recepción de los actos de comunicación imperante antaño, por otro de naturaleza electrónica al que puede accederse desde diversos dispositivos y en lugares diferentes, para comodidad de la persona, protegido dicho acceso con una serie de garantías dentro de la plataforma habilitada?.
