Para ello, el Ejecutivo autonómico ha alquilado íntegramente un edificio de 9.600 metros cuadrados distribuidos en 11 plantas y situado en la calle Rosario Pino nº5, a donde se trasladarán los 36 juzgados de primera instancia que ahora están dispersos en siete localizaciones distintas. En la Consejería de Justicia señalan que las obras de acondicionamiento de las instalaciones estarán listas antes de que acabe la legislatura y la mudanza podrá realizarse durante el segundo semestre del año.
La nueva sede civil estará a menos de cinco minutos a pie de Capitán Haya nº66, donde actualmente se ubican otros 46 juzgados de Primera Instancia, y de Francisco Gervás nº10, que alberga 14 juzgados de Familia.
Además de aumentar la superficie disponible, el objetivo prioritario de este cambio es «acabar con las disfunciones administrativas y suspensiones de juicios por no asistencia de las partes» porque no pueden desplazarse a tiempo de una punta a otra de la ciudad y «reducir gastos sede mantenimiento y de transporte de documentación». «Esta actuación era verdaderamente necesaria, responde a una demanda planteada por los operadores jurídicos y se enmarca dentro del compromiso del Gobierno de Ángel Garrido de destinar más recursos y modernizar las infraestructuras judiciales», apunta la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola.
Además, en la sede de Plaza Castilla se ampliará ahora la superficie destinada a la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria y se construirá la segunda cámara gesell de la región, un recurso judicial compuesto por dos espacios anexos para tomar declaración a menores que han sido víctimas de algún delito sin necesidad de que tengan contacto visual con su presunto agresor. Esto será posible tras el traslado ya realizado de los juzgados de Ejecutorias Penales a San Blas y el que se hará próximamente de dos juzgados de Primera Instancia al nuevo núcleo civil de Capitán Haya.
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