Hoy se cumple la sexta jornada de huelga que protagonizan los funcionarios de Justicia en la Comunidad de Madrid, demandando mejores condiciones laborales y salariales según los Sindicatos convocantes. En concreto, se ha constatado la suspensión de más de 700 juicios en las jornadas de huelga y, triplicado las colas en el Registro Civil como consecuencia de la participación de los funcionarios en dicha huelga.
La Consejería de Justicia insiste en que hay un convenio vigente y que hay dos Directores Generales negociando las soluciones al conflicto. Por su parte los Magistrados de la Audiencia Provincial tienen previsto una reunión con su Presidente, Francisco Javier Vieira, para ofrecerse a mediar en el conflicto, cuestión que será también tratada por los jueces que componen los juzgados de lo Social de Madrid, de la calle Hernani, para quienes es importante poner sobre la mesa soluciones dialogadas a las demandas de los funcionarios de cara a normalizar la marcha de la Justicia madrileña.
En la reunión mantenida la pasada semana, los portavoces de todos los partidos políticos en el Congreso, a excepción del PP, que no acudió a la reunión, acordaron modificar, en la próxima legislatura, la Ley que regula la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de forma que nos pueda repetirse la actual situación en la que se ha mantenido durante más de un año en situación de prórroga.
Se trata de un cambio en la Ley que regula el funcionamiento del CGPJ, en el sentido de que si trascurren seis meses desde que se cumplan los cinco años de su mandato y no ha sido renovado, los veinte vocales cesarán en sus cargos y en su lugar funcionará una Comisión Permanente, que sólo podrá encargarse de los asuntos de mero trámite.
Se trata de una medida que, a criterio de sus defensores, forzará la renovación del CGPJ en un tiempo razonable, dado que algunas de sus competencias , como es el caso de los nombramientos o los informes sobre leyes deben mantener un ritmo normal para el correcto funcionamiento de las instituciones jurisdiccionales y la tramitación legislativa.
El pasado 1 de octubre se inició, a título experimental un proyecto piloto con el Juzgado de Primera Instancia nº 63 de Madrid y algunos Procuradores tramitando entre los mismos y dicho Juzgado, todas aquellas gestiones necesarias a través de correo electrónico, exceptuando las Notificaciones.
Dado el interés del tema y la efectividad del proyecto piloto, la posibilidad de este modelo de comunicación vía telemática se hace extensible a todo el colectivo de Procuradores que lo deseen y soliciten a partir de mañana día 1 de diciembre, pudiendo tramitarlo en las propias dependencias del Colegio directamente o por teléfono.
Desde ayer, los funcionarios de la Administración de Justicia de Madrid, mantienen una huelga indefinida exigiendo mejoras retributivas y laborales. Según el Comité de Huelga el paro se mantendrá hasta conseguir que los responsables de Justicia de la Comunidad se sienten a negociar el Convenio que afecta a unos 5.000 funcionarios en toda la Región.
Con anterioridad, los pasados días 7 y 14 de noviembre, los funcionarios hicieron huelga de la que ésta es continuación, argumentando que los responsables de Justicia de la Comunidad no muestran voluntad para paliar las graves carencias de los Juzgados y Tribunales madrileños. Según las mismas fuentes, el paro fue seguido ayer por más de un 80% de los funcionarios.
La reforma del Código Penal prevista para la presente legislatura y en proceso de tramitación parlamentaria desde hace un año, corre el riesgo de ser archivada por finalizar la legislatura salvo una tramitación de urgencia a última hora lo que no es previsible según portavoces del Congreso.
La reforma afectaba a 120 artículos de los 639 existentes y, estaba prevista que la misma modificarse cuestiones tan distintas como el trato a los delincuentes reincidentes, la clonación, el crimen organizado, el acoso laboral, la prostitución de menores, los delitos informáticos, los delitos fiscales y los delitos urbanísticos. Lo que sí ha sido aprobado es el tema relacionado con el endurecimiento de las penas por delitos de tráfico, cuya entrada en vigor será en breve.
