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11/07/2006
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Fuente: LA RAZÓN
"Su portavoz achaca esa merma a la eliminación de planes de refuerzo por parte del Ministerio.
Las comunidades autónomas donde más se litigó el pasado año son, por este orden, Baleares (205 asuntos por cada 1.000 habitantes); Andalucía y Valencia (203) y Madrid (199). Las que menos, País Vasco (122) y La Rioja (125).
Pero como no hay informe judicial que se precie que no haga mención a la mayor o menor celeridad con la que los jueces hacen su trabajo, éste hace hincapié en que el tiempo medio que se tarda en resolver un asunto se sitúa en 5,54 meses. Algo que, según Hernando, "rompe con la idea de la lentitud como mal extendido en la Justicia española".
11/07/2006
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Fuente: EXPANSIÓN, Jurídico
Las quejas sobre retrasos y dilaciones en los procedimientos judiciales ocupan una parte importante del informe presentado por el Defensor del Pueblo refererido al 2005.
En su informe, manifiesta su preocupación por "los graves retrasos que se producen en la resolución de los recursos de casación qeu conoce la Sala Primera del Tribunal Supremo" que, según indica, "lejos de mejorar, continúa empeorando". Y la misma afirmación la realiza respecto a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. ...
Por último, resalta la situación que afecta al Juzgado de Primera Instancia nº 73 de Madrid, que, a juicio del Consejo General del Poder Judicial, sólo se normalizaría si se crearan nuevos juzgados de primera instancia en Madrid. ...
En el informe del Defensor del Pueblo también se mencionan las dificultades y las consecuencias adversas que provoca la carga de trabajo en el Registro Civil Central que, según expone, "desborda toda posibilidad de prestar un servicio de calidad a los ciudadanos con una mínima agilidad".
04/07/2006
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Fuente: EXPANSIÓN, Jurídico
El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Francisco Vieira, durante la presentación de la Memoria del año 2005 de este órgano, señaló que las estadísticas reflejan que se está llegando al límite del potencial resolutivo. ...
En su opinión, esta situación se debe al "efecto acumulativo de la continua superación del número de asuntos por magistrado (450 frente a los 345 previstos)". ...
Finalmente, Vieira resaltó que la nota más destacada en 2005 del órgano que preside fue el crecimiento, habiéndose puesto en funcionamiento dos secciones de Violencia sobre la Mujer y una de Mercantil. La modernización en materia tecnológica fue otro de los grasgos predominantes.
04/07/2006
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Fuente: EXPANSIÓN, Jurídico
Justicia rechaza el estándar de actividad que el CGPJ ha previsto en el modelo de valoración del desempeño de los jueces. El equipo ministerial, para aceptarlo, exige que los jueces rindan un 20 por ciento más para cobrar productividad. Incrementan, pues, el nivel de exigencia en número de resoluciones. ...
Desde la implantación del sistema de módulos estas cantidades de incremento retribuido han sido percibidas por apróximadamente un 42% del total de miembros de la carrera judicial. Y esto es lo que parece que quiere evitar el ministerio cuando rechaza el modelo de voloración de la actividad de jueces y magistrados que le ha presentado el CGPJ -tras la anulación del vigente hasta marzo de 2006- para su aprobación. El equipo de Juan Fernando López Aguilar condiciona la aprobación del nuevo modelo de valoración del desempeño de la actividad de jueces y magistrados a que incremente el nivel de exigencia en número de resoluciones. Es decir, los jueces que quieran cobrar la productividad deberán rendir aproximadamente un 20% más. ...
30/06/2006
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Fuente: LA RAZÓN, Revista Derechos
El Congreso ha aprobado la Ley de Acceso a la profesión de abogado y procurador, cuyo texto definitivo se conocerá después del verano. ...
Según un informe del Ministerio de Justicia, para la realización de las pruebas de acceso serían necesarias 17 comisiones de evaluación, más la participación de los miembros de las comisiones y la remuneración del personal colaborador, sumaría un total de 317.785,18 euros al año el coste de las pruebas de acceso en el caso de los abogados, y unos 75.000 euros en lo relativo a la prueba de los procuradores.