La actual situación de los Juzgados de lo Mercantil está considerada como de colapso, que se verá seriamente incrementado como consecuencia del aumento de los concursos que los expertos creen superará los cinco mil en el año 2009.
Durante el año pasado según datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de deudores concursados ascendió a cerca de tres mil, lo que representa casi un incremento del 200% respecto al año 2007. La previsión es que el aumento siga produciéndose durante todo el año 2009 y buena parte del 2010, estando previsto que solo en el primer trimestre de este año se declaren alrededor de unos 1.300 concursos, lo que saturará aún más los Juzgados de lo Mercantil.
El Ministerio de Justicia tiene previsto incrementar en 15 los Juzgados de lo Mercantil existentes en toda España durante el presente ejercicio, aunque según los expertos resultarán insuficientes para atajar la avalancha de asuntos previsto en este orden jurisdiccional.
Fuente: CIRCULAR Nº 24/09
Como continuación a la creación y gestión por parte del Ministerio de Justicia del Sistema Telemático de Notificaciones Lexnet, y a solicitud de este Ilustre Colegio, se impartirá, por la Subdirección de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia, una nueva Jornada Formativa sobre Lexnet, al objeto de solventar las dudas planteadas por los Colegiados, dentro de la puesta en marcha del Sistema.
La fecha prevista para su celebración será el día 26 de febrero próximo, y tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio de los Juzgados de Instrucción (Plaza de Castilla nº 1, planta baja), a las 19,30 horas.
Para asistir, dado que el aforo es limitado, es necesario inscribirse en la sede el Coleglio de Bárbara de Braganza, mediante fax al nº 91.308.44.15, teléfono 91.308.13.23 o, correo electrónico dpto.secretaria@icpm.es
1. Cierto es que la Justicia española, plantea problemas ancestrales que se encuentran sin resolver y que ha llegado el momento de abordar.
2. Cierto es que existe un fondo de realidad y necesidad en las reivindicaciones planteadas por los Jueces y Magistrados, al menos en muchas de ellas.
3. No parece que la huelga sea el camino más apropiado para resolver los problemas indicados.
4. Las puertas abiertas por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial a la negociación, deberían ser el mejor trayecto para resolver las cuestiones suscitadas, a través de ese mecanismo.
5. Los Procuradores estamos dispuestos a colaborar, con toda intensidad, en la resolución del conflicto, que nos conduzca a todos a un mejor funcionamiento de nuestra Justicia, en beneficio de los ciudadanos.
Tras secundar la huelga del día 18 de febrero el Foro Judicial Independiente, la Asociación Francisco de Vitoria ha decidido respaldarla también, lo que supone separarse de la línea unitaria mantenida por las Asociaciones Judiciales cuya previsión era posponerla para el próximo 26 junio.
La Asociación Profesional de la Magistratura se mantiene en su postura de negociar con el Ministerio, cuestión que debatirá la de Jueces para la Democracia el próximo jueves.
En otro orden de cosas pero relacionadas con este mismo tema, el partido del Gobierno y el PP parecen compartir la postura de ceder en uno de los puntos más controvertidos de las reivindicaciones judiciales enmendando la Ley de la Oficina Judicial para que los Magistrados sean quienes señalen las vistas, es decir que sea el Juez quien decida sobre las vistas y marque la agenda del Juzgado.
El proyecto se encuentra en estos momentos en fase de tramitación en la Comisión de Justicia del Congreso, y el plazo para la presentación de enmiendas terminará el 10 de febrero.
Mª Antonia Cruz Izquierdo, Presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid visitó ayer día 27 las instalaciones de los Procuradores Madrileños, siendo recibida por el Decano del Colegio, Antonio Álvarez-Buylla.
Durante el encuentro ambos responsables institucionales intercambiaron opiniones sobre la situación actual de la Justicia, particularmente sobre la marcha de la justicia social en la Comunidad de Madrid, así como sobre los problemas que están planteándose para ambos colectivos profesionales como consecuencia de la dispersión de sedes judiciales que se está produciendo en la capital, entre otras cuestiones de interés común.
