Según la Unidad de Atención Ciudadana del Consejo General del Poder Judicial, las quejas de los usuarios por el funcionamiento de los Tribunales se han incrementado en un 32% en 2008, respecto al año anterior.
La demora ha cedido el primer lugar de dichas quejas al trato deficiente recibido por los justiciables, aspecto que alcanza el 45,5% de las mismas y en el que, bajo la consideración de "Justicia Atenta", se integran cuestiones tan importantes como el trato irrespetuoso, la impuntualidad, vistas o actos judiciales que se suspenden sin previo aviso e instalaciones inadecuadas.
El 70% de dichas reclamaciones recibe contestación por parte de la Unidad de Atención Ciudadana y en las mismas están incluidas no sólo las que se reciben directamente en el Consejo, bien dirigidas a la citada Unidad, bien las que van al Servicio de Inspección, sino aquellas que se depositan en los buzones de los Juzgados.
En su reciente comparecencia parlamentaria, el Ministro de Justicia Francisco Caamaño, explicó que entre los planes futuros de su Departamento está el de impulsar la modernización de la Administración de Justicia, para lo que contaba con un presupuesto de 600 millones de euros a invertir en tres años, lo que supone un incremento del 48% sobre la inversión de años anteriores.
El Ministró planteó la necesidad de un acuerdo, en el que estén implicados los partidos políticos, las Comunidades Autónomas y los agentes sociales y profesionales, que permita situar la Justicia en el siglo XXI, centrándose, sobre todo, en la implantación de la nueva oficina judicial, la informatización íntegra de todos los juzgados, trazar un nuevo mapa judicial mediante una nueva Ley de Planta, impulsar la Ley de Mediación y la creación de un Registro Civil único.
Tras afirmar que en los últimos doce años la carga de trabajo en los juzgados se había incrementado en un 50%, situándose el número de asuntos en torno a los nueve millones, anunció la creación, en este año, de 220 nuevas plazas de Jueces, 150 de Fiscales y 290 de Secretarios Judiciales.
Cada vez son más los servicios y herramientas tecnológicas que la Administración pone al servicio del ciudadano y de los profesionales a través de medios telemáticos. Por ello es obvio que esta es la sociedad del aprendizaje, pues se precisa una formación continua para afrontar los constantes cambios que la ciencia nos aporta.
Y a nosotros los Procuradores de los Tribunales, como cooperadores de la Justicia nos llega el esperado momento de utilizar la tecnología en beneficio de nuestros poderdantes y de nosotros mismos, de estar a la altura de nuestra sociedad de la información, de poner la técnica al servicio del justiciable para lograr una justicia más eficaz.
Por ello dentro del marco de formación por el que aboga siempre nuestra Junta de Gobierno para dar cumplimiento al art. 7 de nuestro Estatuto Profesional, la Comisión de Jóvenes ha celebrado esta VIII jornada formativa que hemos titulado "El acceso telemático a las cuentas de consignaciones judiciales".
Será la primera de una serie de jornadas en las que iremos abordando el uso que podemos dar a nuestro certificado digital. Con dos premisas básicas, ahorro de tiempo y conciencia ecológica, que esta Comisión entiende, debe transmitiros.
Por ello hemos pedido a Banesto que nos explicara el acceso a las cuentas de consignaciones de los Juzgados, tema que nos puede ahorrar mucho tiempo y dar seguridad a la hora de informar a nuestros Letrados y clientes del estado contable del procedimiento. También nos explicaron el pago telemático del modelo 696.
Ha sido una ponencia detallada del sistema que seguro nos abocará a su utilización y, cuando la demanda sea mayor, a que los Secretarios sean más favorables a darnos las autorizaciones pertinentes.
Francisco Javier Vieira Morante, que desde el pasado día 13 de febrero desempeña el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, visitó, hoy día 23 de marzo, la sede de los Procuradores, en la que fue recibido por el Presidente del Consejo General, Juan Carlos Estévez y por el Decano del Colegio de Madrid, Antonio Alvarez-Buylla, acompañado de gran parte de los miembros de la Junta de Gobierno.
En el trascurso de la citada visita, intercambiaron opiniones sobre la marcha de la Justicia en la Comunidad de Madrid, así como sobre las diferentes cuestiones en las que podían participar los Procuradores para lograr mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia en la Región.
Ofrecieron al máximo responsable jurisdiccional de Madrid sus propuestas sobre todas aquellas materias, que estando relacionadas con sus competencias, resultan de interés y sobre las que debería pivotar la modernización de la Justicia, como es su experiencia en comunicaciones judiciales vía telemática y la reforma procesal, en la que descansará el nuevo modelo de oficina judicial.
La entrada en vigor de la Ley 34/2006 de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, prevista para el 1 de noviembre de 2011 va a modificar de manera sustantiva el acceso al ejercicio de ambas profesiones.
En estos momentos ya se está elaborando el primer borrador de reglamento para la citada Ley en el que se desarrollan los requisitos de formación y evaluación de los futuros profesionales de la Abogacía y la Procura. Se trata de un tema en el que se encuentran implicados las instituciones corporativas profesionales, la universidad y los ministerios de Justicia y Ciencia y Tecnología.
Aún está por definir el contenido de las materias obligatorias y del programa de formación, además de cómo se organizan las prácticas y la función que están llamadas a desempeñar cada una de las partes implicadas en el citado proceso de formación y evaluación.
Lo que sí parece probable y así lo establece el texto elaborado es que "Los Colegios garantizarán que puedan ser realizadas todas las prácticas que demanden los alumnos de los cursos de formación"
