Ayer, 11 de diciembre, el Colegio celebró en el Salón de Actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid su Junta General Ordinaria para, a tenor de lo establecido en los arts. 32 y 33 del vigente Estatuto, aprobar el presupuesto de la Institución para el ejercicio 2015.
En la misma, el Secretario del Colegio, Ramiro Reynolds, tras solicitar y confirmar la aprobación del Acta de la Junta General de Balance, celebrada el pasado mes de marzo, dio la palabra al Tesorero, para la presentación del Presupuesto 2015 y la solicitud de su aprobación. La alteración del orden de los puntos del día, se debió a la ausencia del Decano y a la espera de su posterior incorporación.
Gabriel de Diego, Tesorero del Colegio, hizo una clara y muy concreta defensa del presupuesto, insistiendo en una gestión económica de las cuentas colegiales asentadas en dos pilares: la contención del gasto y el mantenimiento de la congelación de las cuotas, tanto la variable desde 2005, como la fija, desde el 2011. Habló de un Colegio razonablemente saneado económicamente y atento a la calidad de los servicios prestados a los colegiados y a la formación continuada, sobre todo. Fue aprobado, con 152 votos a favor, seis en contra y una abstención.
El Vicedecano, Manuel Sánchez-Puelles, tras comunicar la imposibilidad de la asistencia a la Junta del Decano, Antonio Mª Alvarez-Buylla, inició el informe hablando de la Ley de Colegios y Servicios Profesionales, aprobada en Consejo de Ministros el 2 de agosto de 2012, y de la que se conocían una decena de versiones. En las mismas, el tratamiento de la Procura variaba, no en cuanto a la reserva de actividad, es decir a la incompatibilidad con el ejercicio de la Abogacía, que se mantenía en todas ellas, sino al tratamiento del Arancel, que pasaba de su desaparición, en la primera versión, a tarifas de máximos, en la última conocida en noviembre.
Habló también de cuestiones de tanta trascendencia para la profesión como la ampliación de competencias para los procuradores, previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el sentido de su ejercicio en condiciones de agente de autoridad en ejecución y actos de comunicación, lo que significaba un enorme enraizamiento de los procuradores en el ordenamiento jurídico.
Todo lo anterior fue refrendado y ampliado por Javier C. Sánchez, Vicepresidente del CGPE y Decano de A Coruña, quien aportó más datos importantes sobre la LCSP, dada su condición de interlocutor con el Ministerio de Economía, sobre la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y sobre Lexnet, adelantando algunas novedades previstas y resultado de los trabajos realizados por la comisión mixta Procuradores-Ministerio de Justicia en relación a la actividad telemática asentada sobre Lexnet, la Plataforma Tecnológica del Consejo, el sistema Sireno del Colegio de Madrid y el Minerva de la CAM.
De entre esas novedades, según el Vicepresidente del Consejo, merece destacarse lo relativo a la sustitución entre procuradores en la actividad telemática, el cómputo de plazos por esta vía y, en definitiva, todo lo relacionado con la función del procurador en el soporte electrónico de la Administración de Justicia.