El número de asuntos ingresados en los Juzgados y Tribunales españoles en 2016 fue de 5.813.031, lo que supone una disminución del 31,4 % respecto al año anterior, según el informe ?Situación de los órganos judiciales en el año 2016? publicado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
El informe revela también que, en 2016, se resolvieron un total de 6.070.530 asuntos y que, a final de año, quedaban en trámite 2.234.652, lo que representa una reducción del 8,2 % respecto a los que estaban en esa situación al inicio del periodo estudiado.
En la jurisdicción civil, el número de asuntos ingresados en 2016 fue de 1.868.228, lo que supone una disminución del 9,9 por ciento respecto al año anterior. En esta jurisdicción se resolvieron 1.966.745 asuntos y quedaron en trámite a final del año 1.037.352.
La jurisdicción penal es la que registró un descenso más significativo en el ingreso de asuntos, como consecuencia de la entrada en vigor el 6 de diciembre de 2015 de la reforma del artículo 284.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la se dispuso que, con carácter general, los atestados policiales en los que no existe autor conocido del delito denunciado no se remitirán a los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción, donde se resolvían de forma inmediata con un auto de archivo. La modificación legal, en consecuencia, tuvo su reflejo en 2016 tanto en la entrada de asuntos -3.365.823, un 42 % menos que el año anterior- como en el número de asuntos resueltos -3.489.058, un 41,8 % menos que en 2015-. La cifra de asuntos en trámite al final del periodo era de 722.617.
La caída es aún más acusada si se atiende exclusivamente al ingreso de asuntos en los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción, dejando aparte el resto de órganos de la jurisdicción penal: el número de diligencias previas pasó de 3.786.427 en 2015 a 1.740.103 el año pasado, lo que representa una disminución del 49,2 por ciento.
Mientras tanto, en la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron en 2016 un total de 196.155 nuevos asuntos, un 1,3 % menos que el año anterior.
Los 382.579 asuntos ingresados en la jurisdicción social fueron un 4,3 % menos que los que tuvieron entrada en 2015.
La Comunidad Autónoma que registró una mayor tasa de litigiosidad fue Canarias, seguida por Andalucía. Les siguieron, también superando la media nacional, Illes Balears, Murcia, la Comunidad Valenciana, Cantabria y Madrid (con 125,1 asuntos por cada mil habitantes).