Datos del CGPJ sobre procedimientos por corrupción

Fuente: Comunicación Poder Judicial

Los jueces y juezas españoles concluyeron en 2016 un total de 112 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 659 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo.

Además, el 76 por ciento de las 104 sentencias por delitos de corrupción dictadas en 2016 fueron condenatorias. Durante el año pasado adquirieron firmeza otras sentencias que supusieron la condena por este tipo de delitos de 266 personas.

Datos que revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial, que permite por primera vez ofrecer información de un año natural completo. El repositorio es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores, personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística -es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y malversación.

Nota informativa completa en el siguiente enlace:

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Comunicado ampliación capacidad Lexnet 15 MB

Fuente: CGPE

Facilitamos enlace al comunicado de ampliación de la capacidad de LexNet a 15 MB a partir de mañana día 16, que nos trasladan desde el Consejo General de Procuradores.

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Proposición no de Ley para fomentar la Mediación como forma de resolución de conflictos

Fuente: Congreso de los Diputados, Sala de prensa

Como continuación a la noticia del pasado 7 de marzo sobre la celebración del Pleno del Congreso de los Diputados, facilitamos enlace a la nota de prensa del Congreso así como al Boletín Oficial de las Cortes Generales, con fecha de hoy 15 de marzo, con la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a fomentar la mediación como forma de resolución de conflictos.

Así, el Congreso insta al Gobierno en esta Proposición no de Ley, que se ha aprobado en los términos de una enmienda transaccional, a potenciar la mediación como herramienta de resolución de conflictos y dar cumplimiento a lo previsto a la Disposición Adicional segunda de la Ley 5/2012, 06 julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Además, de dar a conocer la mediación a toda la ciudadanía, sensibilizando sobre las ventajas de su utilización, a través de campañas de difusión y colaborando con las instituciones del ámbito de la mediación.

Por otro lado, con este Proposición no de Ley se persigue trabajar estrechamente con los especialistas en mediación y las instituciones en que se integra, acercando espacios de colaboración y apoyo para las actuaciones que se deben emprender, estableciendo el estatuto mínimo de la formación del mediador, así como los derechos y deberes de estos.

El Pleno también insta al Gobierno a incluir el valor de la mediación dentro del entorno educativo, declarar el día 21 de enero como "Día Nacional de la Mediación" e impulsar la mediación intrajudicial mediante la creación de nuevas unidades de mediación intrajudicial en el ámbito de la oficina judicial, constituyendo para esta mediación un registro de mediadores público y obligatorio.

Finalmente, se insta al Ejecutivo a incorporar progresivamente a mediadores en las unidades de mediación de la oficina judicial.

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Día de la Mujer 2017: vídeo del acto organizado por el ICPM

Bajo el tema de Naciones Unidas ?Las mujeres en un mundo laboral en transformación. Hacia un planeta 50:50 en 2030?, el ICPM reunió el pasado día 8 de marzo a significativos representantes de la justicia, la política, la empresa y el deporte con motivo del Día Internacional de la Mujer. En el mismo acto se hizo entrega del premio ?Eulalia Ruiz de Clavijo? ?primera mujer procuradora de España? a Marisa Soleto, Vicepresidenta de la Fundación Mujeres, por su labor en favor de la igualdad de oportunidades.

Presentado el acto por el Decano Gabriel Mª de Diego, y la Vocal María Granizo, contó con los testimonios del Fiscal General del Estado José Manuel Maza; el Magistrado Fernando Grande-Marlaska; la Portavoz del Grupo Municipal Popular y Concejala Esperanza Aguirre; el ex Seleccionador Nacional de fútbol Vicente del Bosque, y la Vocal del ICPM Pilar Azorín-Albiñana.

Además la Vicedecana, Rocío Sampere manifestó un contundente "Todos y todas tenemos deberes hasta que consigamos sueños", durante la entrega del premio a la Fundación Mujeres.

Por parte de los patrocinadores también tomaron la palabra, el Director General de la Mutualidad de Procuradores, José Manuel Romar, y el Director de Colectivos del Banco Santander, Gregorio García.

(El acto contó con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial, y con los patrocinadores Mutualidad de Procuradores, Banco Santander, Bruzon correduría de seguros y Renault).

Enlace al vídeo del acto:

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El Gobierno aprueba la creación de plazas de magistrados para la segunda instancia penal

Fuente: Ministerio de Justicia, Gabinete de Comunicación - Comunicación Poder Judicial

- El CGPJ señala que la fecha de la efectividad de la dotación de las plazas que se creen en los Tribunales Superiores de Justicia, sería conveniente que coincidiese con las tres plazas previstas para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, es decir, el próximo 1 de junio.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado el día 10 de marzo un Real Decreto por el que se crean 16 plazas de magistrados para hacer efectiva la segunda instancia penal que consagra el derecho al recurso de apelación frente a una condena emanada de cualquier órgano jurisdiccional.

La segunda instancia penal ya está recogida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que España ratificó en abril de 1977 y que establece con claridad el derecho de cualquier persona condenada por un delito a que tanto el fallo condenatorio, como la pena impuesta se sometan a un tribunal superior.

En nuestro derecho existe esta segunda instancia penal contra las sentencias y autos dictados por los jueces de Instrucción y de lo Penal que se recurren tradicionalmente en apelación ante la Audiencia Provincial. Sin embargo, nuestra legislación no contemplaba esta figura respecto a las sentencias dictadas en primera instancia por la propia Audiencia Provincial y la Audiencia Nacional.

Con la introducción de la segunda instancia penal que se materializa con este Real Decreto:

- Se mejoran las garantías de los ciudadanos ante la Justicia al reforzarse los recursos procesales en el ámbito penal.
- Nuestro país cumple plenamente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- La vía ordinaria de recurso culmina por primera vez en cada Comunidad Autónoma, reforzando el ámbito procesal penal de los Tribunales Superiores de Justicia.
- El Tribunal Supremo, a través del recurso extraordinario de casación, recupera además su función propia de introducir uniformidad y seguridad jurídica en el sistema penal, contribuyendo a la descongestión de los asuntos tramitados por el mismo.

La atención a las necesidades de esta nueva figura jurisdiccional justifica la creación de 16 nuevas plazas de magistrado que se distribuirán en tres plazas para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y las 13 restantes para las Salas de lo Civil y de lo Penal de determinados Tribunales de Justicia.
La distribución incluye tres plazas para el TSJ de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el día 7 de marzo el informe al proyecto de Real Decreto por el que se hace efectiva la implantación de la segunda instancia penal, en el que se advierte de que la previsión de plazas de magistrado para las nuevas Secciones de Apelación que se crearán en los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana puede ser insuficiente para atender el previsible incremento de la carga de trabajo.

Además dicho informe señala la conveniencia de que la fecha de la efectividad de la dotación de las plazas que se creen en los Tribunales Superiores de Justicia coincida con la de las tres plazas previstas para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, es decir, el próximo 1 de junio y estima que el tiempo que resta ?permite un lapso temporal razonable? para adoptar las medidas necesarias para la provisión efectiva de esas plazas.

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