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09/01/2019
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El objetivo del curso es dar a conocer al alumno el procedimiento de ejecución, mediante un estudio práctico de las herramientas que las leyes procesales conceden para acelerar el proceso, para el embargo de bienes, su aseguramiento y para su realización en vía de apremio.

El fracaso en la ejecución de las sentencias constituye un problema de nuestro sistema judicial por la insatisfacción que genera a los justiciables que han obtenido una resolución favorable. Las leyes procesales establecen los mecanismos para que la ejecución resulte efectiva, pero su inaplicación hace que resulte fallida.

- FECHAS: 16 y 23 de enero, de 16.30 a 20.30 h. Sala de actos del ICPM, plta. sótano
- Precio colegiados: 60? (IVA incluido)
- Precio no colegiados: 85? (IVA incluido)
- Transferencia Bancaria: c/c Bco. Popular: ES24/0075/0322/8106/0030/4863
- Inscripción: centrodeformacion@icpm.es

PROGRAMA
- Miércoles 16 de enero
16:30-17:30 h. El sistema de ejecución español: Eficacia y economía. Gabriel M. ª de Diego Quevedo, decano del ICPM.
17:30-18:30 h. El proceso de ejecución. Estudio práctico de los tipos de ejecución y procedimiento. Juan Manuel Ávila de Encio, letrado de la Administración de Justicia, Juzgado Primera Instancia 16 de Madrid
18:30-19:30 h. Vía de apremio. Ignacio Argos Linares, tesorero del ICPM .
19:30-20:30 h. Los actos de comunicación: la celeridad en el proceso. Pedro Vila Rodríguez, procurador.

- Miércoles 23 de enero
16:30-17:30 h. Oposición a la ejecución: Motivos de forma y de fondo. Alejandro Asensio Muñoz, letrado de la Administración de Justicia, Juzgado Primera Instancia 47 de Madrid.
17:30-18:30 h. Realización de bienes: Subastas BOE. Leonor Guillén Casado, procuradora.
18:30-19:30 h. Actos posteriores a la subasta hasta posesión. Natalia Hermoso Mena, letrada de la Administración de Justicia, Juzgado de Primera Instancia 31 de Madrid.
19:30-20:30 h. Subasta por entidad especializada. Alberto García Barrenechea, vocal de la Junta del ICPM

(El centro de formación del ICPM certificará 8 horas de formación).
02/01/2019
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Informamos del acuerdo recibido del Patronato de la Fundación Mutualidad de Procuradores dando cuenta de la aprobación por unanimidad de la designación como vocal a nuestro decano, Gabriel Mª de Diego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 de su Estatuto.

Gabriel Mª de Diego adelantó la noticia en la última reunión de la Junta General Ordinaria celebrada el pasado día 20 de diciembre, y manifestó asimismo su compromiso para impulsar desde la Fundación Mutualidad diversas medidas y fondos de ayuda, becas, etc. en beneficio de los colegiados de toda España.
02/01/2019
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Fuente: Ministerio de Justicia, Gabinete de Comunicación
- El plazo de prescripción de los delitos más graves contra menores no empezará a contar hasta que la víctima cumpla 30 años.

El Consejo de Ministros aprobó el 28 de diciembre, a propuesta de los ministerios de Justicia; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; e Interior, el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

El anteproyecto, que modifica 11 leyes, establece un concepto de violencia muy amplio que abarca, toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidos las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. Se castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

Derivado de su carácter integral, la norma plantea la elaboración de la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia e incorpora medidas de concienciación, prevención, detección, e intervención en diferentes áreas, entre las que destacan el ámbito sanitario, educativo, judicial, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las nuevas tecnologías, entre otros.

Enlace a la noticia:
02/01/2019
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La Comunidad de Madrid va a invertir más de 4,4 millones de euros en 2019 para garantizar el funcionamiento de los 158 juzgados de paz repartidos por la región, según avanzó el día 31 de diciembre la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola.

El Gobierno regional va a destinar un total de 285.000 euros a los ayuntamientos de los municipios con juzgado de paz para financiar los gastos de funcionamiento de estos órganos judiciales. A esta cantidad hay que sumar más de 4,1 millones de euros en gastos de personal, ya que el Ejecutivo es el responsable de la plantilla de los 47 juzgados de paz ubicados en los municipios de mayor tamaño. En total, 116 personas entre tramitadores, gestores y auxilios judiciales. El resto de juzgados de paz cuenta con personal a través de los ayuntamientos, quienes en todos los casos aportan las instalaciones y los medios instrumentales de este tipo de juzgados.

Los juzgados de paz son órganos judiciales unipersonales que están atendidos por personas que no pertenecen a la carrera judicial y que se ubican en los municipios en los que no existe juzgado de primera instancia e instrucción, asumiendo determinadas competencias en el orden civil.

Asimismo, ofrecen servicio en materia de cooperación judicial, al facilitar la comunicación de los demás órganos judiciales con los ciudadanos de los municipios en los que el juzgado de paz tiene su sede.

Los jueces de paz son elegidos por los ayuntamientos entre las personas que lo solicitan y que reúnen las condiciones legales exigidas. Su nombramiento corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por un periodo de cuatro años.

Enlace a la noticia:
21/12/2018
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En el día de ayer tuvo lugar reunión de la Junta General Ordinaria en la sede del TSJ de conformidad al Orden del Día, con la presentación del proyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio 2019, que tras la correspondiente votación resultó aprobado por mayoría.

Inició las intervenciones el decano destacando entre otros temas, el compromiso de la Junta en mantener un continuo contacto y encuentros con los distintos operadores jurídicos, representantes de la administración de Justicia, la política y los distintos grupos parlamentarios; el estado actual del expediente Europilot y la reserva de actividad; la renovación del acuerdo con la Comunidad de Madrid respecto a la subvención destinada al Servicio de Representación Procesal; el nuevo convenio y subida de baremos para la Justicia Gratuita y la próxima reunificación de las sedes judiciales en el entorno de Plaza de Castilla.

Mención también a la última sentencia favorable al Colegio en cuanto a la limitación a tres del número de oficiales habilitados, y en lo referente a auxilios, anunció que formará parte como patrono de la Fundación Mutualidad, a través de la cual impulsará los fondos de ayuda, becas, etc. en beneficio de los colegiados.

A continuación los vocales de la Junta tomaron la palabra, iniciando el turno el contador Ángel Mesas, que informó sobre la reunión que se llevará a cabo hoy mismo con el Colegio de Registradores en relación a los mandamientos judiciales y la presentación telemática de documentos, y Alberto García Barrenechea que dio cuenta de los asuntos judiciales abiertos al Colegio y su estado actual.

Por su parte, Carmen Gimenez Cardona informó sobre el Servicio de Representación Procesal, el apoyo recibido de la Comunidad de Madrid y la renovación de la subvención a este servicio, el próximo traslado a la sede de la calle Albarracín que facilitará la puesta en marcha del turno especial de violencia de género y delitos de odio, así como los convenios firmados con Instituciones Penitenciarias, Fundación Once y la creación de un Turno especial para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia.

Respecto a la Justicia Gratuita y Turno de Oficio, Álvaro García Gómez informó del nuevo convenio de la Comunidad de Madrid, la subida de baremos y la implicación de la Comunidad para conseguir estar al día en los pagos. En cuanto al Ministerio, se considera insuficiente la subida y así se ha dado traslado al Consejo General de Procuradores. Destacó para finalizar, el compromiso firme de esta Junta con la función social de la procura y la reivindicación por mejorar baremos y la labor de los procuradores del turno de oficio de justicia gratuita, anunciando que se va a poner en marcha al servicio de los colegiados más medios técnicos y humanos, así como una nueva aplicación informática para facilitar la presentación de justificantes de segundos turnos.

El tesorero Ignacio Argos pasó a continuación a informar sobre el proyecto de presupuestos presentados a la Junta General para su análisis y aprobación, destacando entre los objetivos marcados la eficacia, eficiencia y los nuevos proyectos. Resaltó asimismo distintas partidas como la inversión en medios informáticos, licencias, recursos humanos, la dotación en prevención de posibles contingencias (auxilios), etc. Mención también al aumento de tarifas del SAC.

Tras el correspondiente turno de ruegos y preguntas, el decano cerró el acto agradeciendo la presencia de los colegiados y deseando un prospero año nuevo de trabajo y unas felices fiestas de Navidad en familia.

(En la imagen, de izda. a dcha. Ángel Mesas, Alberto García Barrenechea, Gabriel Mª de Diego, Manuel Ortiz de Apodaca e Ignacio Argos)