El BOE de hoy sábado, junto al Real Decreto por el que declara prorrogado el estado de alarma, publica también la Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19, que tendrá efectos DESDE EL 26 DE MAYO de 2020, y que establece en su anexo una serie de criterios para su aplicación efectiva.
Recibimos copia del Acuerdo Gubernativo 9/20 del magistrado juez decano de los Juzgados de Leganés sobre atención al público y profesionales, así como señalamientos de juicios, declaraciones y uso de salas.
Este Acuerdo comenzará a regir a partir de las 9.00 horas del 25 de mayo de 2020.
Se ha procedido a habilitar la venta telemática de cuotas variables una vez subsanados los problemas que nos obligaron a cerrarla.
Recordamos, conforme os indicamos en el comunicado oficial de la Junta de Gobierno del pasado día 15 de marzo, la suspensión de los plazos administrativos en relación al Reglamento Cuota Colegial Variable, por lo que las cuotas que se devenguen durante la vigencia del estado de alarma se podrán abonar hasta el 31 de julio, en régimen de bonificación.
Recibimos copia del Acuerdo Gubernativo de la magistrada juez decana de Aranjuez sobre atención al público y profesionales, citaciones y teléfonos de contacto.
Las personas que hayan sido citadas para que comparezcan en los Juzgados de Aranjuez para la realización de cualquier actuación procesal, consideraran que tienen síntomas de haber contraído la enfermedad, por motivos de salud pública se abstendrán de comparecer poniéndose en contacto telefónico con los Juzgados de Aranjuez avisando de su incomparecencia:
DECANATO 91 891 4918
REGISTRO CIVIL 91 892 2018
JUZGADO NÚM. 1 91 891 3541
JUZGADO NÚM. 2 91 892 0540
JUZGADO NÚM. 3 91 891 2143
JUZGADO NUM. 4 91 835 1924
Los Colegios de Procuradores y Abogados de Madrid tienen un firme compromiso con la sociedad a la que sirven y representan a profesionales cuya actividad es fundamental para el correcto funcionamiento del servicio público de la Administración de Justicia. Desde esta perspectiva ambas Corporaciones entendemos que las propuestas realizadas y decisiones adoptadas hasta la fecha para restablecer la actividad judicial, que se ha visto paralizada con motivo de las medidas adoptadas para frenar la pandemia consecuencia del COVID-19, resultan insuficientes para satisfacer las acuciantes necesidades sociales y económicas de los ciudadanos y profesionales.
Una vez conocidas las diferentes medidas para la desescalada judicial, tales como la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19, en el ámbito nacional, o el Plan de Reactivación de la Actividad Judicial en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con motivo del COVID-19, aprobado por acuerdo de su Sala de Gobierno de 18 de mayo, los Colegios de Procuradores y Abogados de Madrid han acordado lo siguiente:
1ª. Reiterar su firme compromiso con la sociedad a la que sirven y con todos sus colegiados/as que han demostrado, una vez más, que son un pilar esencial para el correcto funcionamiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.
2º. Solicitar que se adapte la normativa para alzar la suspensión de los plazos procesales, con la flexibilidad y garantías necesarias para hacer posible la urgente reactivación de la actividad judicial en unos plazos inferiores a los que se encuentran previstos en el Real Decreto-Ley 16/2020. Y ello porque, además, la satisfactoria evolución de la pandemia e implementación de las medidas sanitarias de protección colectiva e individual, posibilitan la inmediata reanudación de la actividad judicial con el objeto de dar cumplimiento al mandato constitucional de la tutela judicial efectiva.
3º. Reiterar la necesidad de incorporar las aportaciones y el consenso de la procura y la abogacía en todas las decisiones relativas a la puesta en funcionamiento de la Administración de Justicia, evitando así la toma de decisiones que puedan resultar ineficaces o perjudiciales para ciudadanos y profesionales, quienes demandan el urgente restablecimiento de la actividad de los juzgados y tribunales como efectiva medida de choque frente a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia provocada por el COVID-19 y que determinó, hace ya más de dos meses, la declaración del estado de alarma, sucesivamente prorrogada.
Desde la máxima lealtad institucional los Colegios de Procuradores y Abogados de Madrid seguirán contribuyendo y colaborando para alcanzar la Administración de Justicia que los ciudadanos y profesionales demandan.
