Fuente: BOE
El BOE de hoy publica el Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, quedando sin efecto lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, cuyos supuestos se regirán en lo sucesivo por lo previsto en este real decreto, que modula el uso de la mascarilla en el exterior, eliminando la obligatoriedad en dichos espacios.
Esta obligatoriedad del uso de la mascarilla se mantiene en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.
Fuente: BOE
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder General, en su reunión del día 3 de febrero de 2022, adoptó el siguiente acuerdo que aparece publicado con fecha de hoy en el BOE:
1. Atribuir en virtud de lo previsto en los artículos 80.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Sección 31.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de nueva creación, el conocimiento exclusivo y excluyente de las materias propias del derecho de familia, respecto a los mismos asuntos y materias de los que conocen las secciones 22.ª y 24.ª de la misma Audiencia Provincial de Madrid.
2. En todo caso, el acuerdo de especialización no afectará a los asuntos que estuvieran ya repartidos a cada sección, que permanecerán sometidos a su conocimiento hasta su conclusión por resolución definitiva.
3. La presente medida producirá efectos desde el día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el BOE.
Fuente: www.madrid.es
- Los delitos leves corresponden principalmente a hurtos, además de lesiones leves y delitos menores relativos a violencia de género.
En el día de ayer se presentó el balance de la tramitación de juicios rápidos por parte de la delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inmaculada Sanz, acompañada del director general de la Policía Municipal y del comisario principal de Policía Judicial y Seguridad, entre otros mandos policiales.
La ampliación de la utilización de la agenda de citaciones para los juicios rápidos por delitos leves se ha llevado a cabo desde mediados del pasado mes de octubre parcialmente y desde diciembre totalmente, para beneficiar a todas las partes implicadas en el procedimiento judicial ayudando a agilizar los procesos.
Desde ese año, el cuerpo ha tramitado más de 70.500 atestados de tráfico (más de 3.300 en el último año), en torno a un 85 % de esta cifra total derivados a juicios inmediatos.
La tramitación de estos atestados corre a cargo de la Unidad de Coordinación Judicial y de la Unidad de Policía Judicial de Tráfico tanto a través de la agenda programada de citaciones como de la plataforma LexNET que el cuerpo empezó a utilizar el pasado mes de diciembre. De los 74 atestados por delitos leves instruidos desde entonces, 58 se remitieron a través de este nuevo sistema de comunicaciones electrónicas entre los juzgados y los profesionales de la justicia.
Un total de 99 personas han resultado investigadas por la totalidad de atestados instruidos desde diciembre (tanto delitos leves como contra la seguridad vial) y dos de ellos han sido puestos a disposición judicial.
Situado frente a los Juzgados de Pl. de Castilla, en la calle Bravo Murillo nº 377-2ª planta, ofrece una oferta especial de contratación antes del 28 de febrero.
Trabajar al lado de los Juzgados por 100€ al mes es posible con el espacio de coworking "Espacio Abogacía", también a disposición de los procuradores colegiados en el ICPM.
Información completa en el siguiente enlace:
- Los resultados del estudio muestran que se han dejado de ingresar casi 11.000 millones de euros por el retraso en la ejecución de sentencias en España.
Sigma Dos y el Consejo General Procuradores de España (CGPE) presentaron ayer un estudio sobre "La Ejecución de las Sentencias Judiciales". En el mismo se recoge que solo uno de cada cuatro procesos judiciales termina en una ejecución efectiva de la sentencia, muy por debajo de lo que ocurre en los países europeos de nuestro entorno.
El informe analiza también algunos aspectos concretos sobre la figura de los PROCURADORES, pieza clave en la ejecución de sentencias: "El proceso de ejecución de sentencias requiere la participación del tribunal (organismo al que hay que solicitarle la ejecución de la sentencia, importe, intereses y costas), el juez (será quien dicte un auto decretando la ejecución) y el letrado de la administración de Justicia (que emitirá un decreto acordando las medidas que se han solicitado). La implicación de todas estas figuras jurídicas, y el hecho de que el procurador tenga que solicitar cada paso al tribunal, hace que el procedimiento de ejecución no sea ágil ni rápido, duplicando o triplicando, en algunos casos, los tiempos".
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