Según se indica en la misma, la falta de personal en los juzgados está afectando gravemente al normal funcionamiento de la Administración de Justicia, retrasando la tramitación de los procedimientos y dilatándose los mismos, repercutiendo negativamente tanto en la eficacia como en la eficiencia de este esencial servicio público y, por tanto, en el propio justiciable.
Manifiestan, asimismo, que la carga de trabajo que soportan estos juzgados no puede ser asumida por quienes desempeñan sus puestos de trabajo en estas oficinas judiciales, dado el elevado número de asuntos que se tramitan, lo que está provocando la presentación de quejas por parte de profesionales y ciudadanos al ver paralizados sus procedimientos por causas no imputables a quienes suscriben, los cuales cumplen rigurosamente con sus obligaciones en relación a la solicitud de la cubertura de las plazas. Esto tiene un impacto muy fuerte en estos juzgados especializados que conocen de materias tan sensibles como los concursos de acreedores, patentes y marcas, o defensa de la competencia, entre otras.