El borrador, que anula a tres anteriores, además de introducir la evaluación periódica de los títulos de Grado por parte de Justicia y Educación, incluye un anexo en el que se delimitan las competencias necesarias para acceder al periodo de formación que habilita para la presentación a las pruebas de acceso a la Abogacía o la Procura.
En concreto se trata de una capacitación que esté relacionada con los ocho puntos siguientes: Comprensión del ordenamiento jurídico; capacidad de resolver conflictos jurídicos; Saber aplicar los criterios de probación de las fuentes; capacidad para interpretar textos jurídicos; capacidad para argumentar jurídicamente; capacidad para resolver casos prácticos; manejar el lenguaje jurídico; y capacitación para utilizar la tecnología para la búsqueda jurídica.