Se trata de una actividad gestionada por los 67 Colegios de Procuradores existentes en toda la geografía nacional, sin coste alguno para la Administración de Justicia, lo que otorga a éstos la condición de institución pública de interés social. En el caso particular de Madrid, el número de actos de comunicación se sitúan en el entorno de los ocho millones.