En octubre de 2006 se aprobó un Real Decreto, según el cual, para poder ejercer como abogado o procurador, el licenciado en derecho debe realizar un curso o máster y un año y medio de prácticas, además de superar un examen. Su validez se hará efectiva a partir de 2012, por lo que el Real Decreto afectará a todos los titulados a partir de ese año.
España era el único país de la Unión Europea que no tenía regulado el acceso a las profesiones de abogado y procurador, por lo que la finalidad de la nueva normativa es la de dotar a estos profesionales de mayor calidad en su proceso de formación.