En concreto, las entidades firmantes reclamamos que se excluya de forma expresa la exigencia de acudir a un MASC en los procesos de familia en los que estén implicados menores de edad, así como en aquellos conflictos de carácter transfronterizo que incorporen un elemento internacional.
Por todo ello, las organizaciones firmantes hemos trasladado al Ministerio de Justicia y a los portavoces de Justicia de los distintos grupos parlamentarios la necesidad de reformar la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, ampliando las excepciones previstas en su artículo 5.2







