19/02/2026
En su ponencia, dentro de la Mesa "El criterio de los operadores jurídicos" (abogados, procuradores y graduados sociales) defendió las bondades teóricas de la nueva Ley de Eficiencia Procesal L1/2025 pero alertó sobre su implantación precipitada sin las infraestructuras necesarias. Barrenechea contrastó la visión ideal presentada por ponentes previos como Juan Carlos Campo y Manuel Olmedo con la "realidad delicada" en los juzgados, donde el sistema está colapsado por la falta de expediente digital único.
Asimismo, denunció la inversión insuficiente "410 millones de euros, frente a los 4.000 necesarios" y el corto plazo de implantación (3-6 meses), que ha paralizado la justicia en lugar de agilizarla, comparándolo con "poner ruedas a un coche sin autopista". Propuso una implementación gradual por jurisdicciones (contencioso en un año, penal en otro, civil en tres) para detectar problemas a tiempo.
Desde la experiencia en Madrid, el decano del ICPM relató anécdotas como demandas que tardan tres meses en asignarse o tomos no digitalizados que obligan a requerimientos innecesarios, agravados por vacantes de funcionarios y reasignaciones caóticas. Criticó el requisito de mediación previa como un freno voluntario que encarece y ralentiza procesos, recordando su fracaso en 1984, y defendió el rol esencial de los procuradores en la digitalización, como en LexNET o los monitorios. Insistió en la necesidad de más jueces (ratio de 11 en España vs. 19-21 en Europa) y funciones ejecutivas para los procuradores para desbloquear retrasos.
A pesar de los pesares, Barrenechea mostró optimismo a largo plazo si se aumenta la financiación y se corrigen plazos, subrayando el compromiso de los procuradores como servicio público en esta transformación judicial. Su intervención, aplaudida por su realismo, subrayó que "la justicia es un servicio público" y que los próximos 1-2 años serán clave para su éxito o fracaso.
(En la imagen, Alberto N. García Barrenechea, con el presidente de PROLAJ, Alejandro Asensio; el presidente del CGPE, Ricardo Garrido; el decano del Iltre. Colegio de Procuradores de Barcelona, Javier Segura Zariquiey; y junto a los participantes de la Mesa de debate, Teresa Silleras, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Madrid, y Juan Manuel Mayllo, diputado del ICAM).
