Los argumentos del CGPJ, a través de su Comisión Permanente, son que el ejercicio del hipotético derecho de huelga de jueces y magistrados carece actualmente de soporte normativo, cuestión por la cual el Consejo ni tiene en cuenta la citada convocatoria, ni fijará servicios mínimos, como tampoco aceptará los que pudiese fijar los convocantes.
El acuerdo de la Comisión fue remitido a la APM, a las Juntas de Jueces convocantes y al Ministerio de Justicia.