01/10/2009
Tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, celebrado ayer 30 de septiembre, el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados confirmó la paralización "sine die" de las obras en el Campus de la Justicia por problemas económicos, con lo que se mantiene la irracional y creciente dispersión de sedes judiciales en Madrid Capital, de la que se están derivando importantísimos perjuicios económicos y sociales, tanto para quienes desempeñan sus funciones en la Administración de Justicia, como y sobre todo para los ciudadanos que tienen que acudir a los órganos judiciales.
Desde hace bastante tiempo el Colegio de Procuradores ha informado detalladamente a todas las altas instancias, tanto políticas como jurisdiccionales, sobre la gravedad funcional derivada de la citada dispersión, así como del abandono político y económico que estaba padeciendo la Justicia en Madrid, uno de cuyos claros exponentes era la desmedida proliferación de sedes judiciales, hasta alcanzar en la actualidad una cantidad superior a veinte y con sucesivas previsiones de expansión. A dicho planteamiento, hasta el momento, no se ha obtenido ningún tipo de respuesta oficial, a pesar de la detallada y razonada información remitida.
En palabras del Consejero y ante la crisis económica, la suspensión del proyecto estaba justificada al tener que "destinar prioritariamente los fondos a donde más se necesitan: sanidad, educación y servicios sociales", olvidándose el Gobierno Regional de que la Justicia es un servicio público de particular interés social, además de ser uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho .
De nuevo el Colegio de Procuradores quiere insistir en la urgencia y prioridad que nuestro Gobierno Regional debe ofrecer a la Justicia, toda vez que su funcionamiento está seriamente cuestionado por los ciudadanos, tanto por su anacronismo, como por la falta de atención de la que está siendo objeto por parte de los Poderes Públicos y objetiva necesidad de modernización y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Desde hace bastante tiempo el Colegio de Procuradores ha informado detalladamente a todas las altas instancias, tanto políticas como jurisdiccionales, sobre la gravedad funcional derivada de la citada dispersión, así como del abandono político y económico que estaba padeciendo la Justicia en Madrid, uno de cuyos claros exponentes era la desmedida proliferación de sedes judiciales, hasta alcanzar en la actualidad una cantidad superior a veinte y con sucesivas previsiones de expansión. A dicho planteamiento, hasta el momento, no se ha obtenido ningún tipo de respuesta oficial, a pesar de la detallada y razonada información remitida.
En palabras del Consejero y ante la crisis económica, la suspensión del proyecto estaba justificada al tener que "destinar prioritariamente los fondos a donde más se necesitan: sanidad, educación y servicios sociales", olvidándose el Gobierno Regional de que la Justicia es un servicio público de particular interés social, además de ser uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho .
De nuevo el Colegio de Procuradores quiere insistir en la urgencia y prioridad que nuestro Gobierno Regional debe ofrecer a la Justicia, toda vez que su funcionamiento está seriamente cuestionado por los ciudadanos, tanto por su anacronismo, como por la falta de atención de la que está siendo objeto por parte de los Poderes Públicos y objetiva necesidad de modernización y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
