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Noticia

19/05/2025
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Fuente: Comunidad de Madrid
- El documento ha sido rubricado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, los decanos del Iltre. Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón; de Abogados de Alcalá de Henares, Ángel Llamas; y del Iltre. Colegio de Procuradores de Madrid, Alberto García Barrenechea, que ha asistido acompañado por la vicedecana, Carmen Giménez Cardona, y el contador, Ángel Mesas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado hoy en la sede del Gobierno regional un protocolo de actuación con el Iltre. Colegio de la Abogacía de Madrid, el Iltre. Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y el Iltre. Colegio de Procuradores de Madrid para facilitar a víctimas de la ocupación de viviendas asesoramiento y representación gratuitas. Gracias a este acuerdo, los afectados tendrán igualmente atención psicológica en la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD).

La presidenta del Ejecutivo autonómico ha subrayado la necesidad de modificar todas aquellas leyes que impiden a los jueces la expulsión inmediata de los ocupas, devolviéndoles la posibilidad de actuar con carácter urgente en los procedimientos. Además, ha alertado de que, detrás de cada denuncia, hay personas, propietarios que pierden sus casas, vecinos que ven alterada la convivencia y barrios enteros deteriorados. "Muchas de esas viviendas finalmente dan cobijo a otros negocios igualmente legales o ilegales, como puede ser la trata de seres humanos o narcopisos", ha añadido.

En este sentido, ha constatado que el Gobierno madrileño va a poner a disposición de los afectados todas las medidas y las herramientas a su disposición para estar a su lado, ayudarles a recuperar sus viviendas y evitar que este mal vaya a más. "Porque esto va de delitos, pero también va de derechos fundamentales", ha manifestado.

Finalmente, ha destacado que, desde su puesta en marcha en junio de 2022 hasta el 30 de abril de este año, el TELÉFONO 112 OCUPACIÓN ha recibido 4.041 llamadas, periodo en el que 246 ciudadanos han alertado sobre este delito en su propiedad privada, habiéndose podido evitar o proceder al desalojo de su vivienda en 44 ocasiones.