El Ejecutivo autonómico asegura con esta dotación presupuestaria el cumplimiento de la Constitución Española, que recoge el derecho fundamental de todos los ciudadanos que carecen de los recursos económicos suficientes a la tutela judicial efectiva y la asistencia jurídica gratuita. Un total de 111.351 personas acudieron a este servicio público en 2022, lo que representa un aumento del 3,5% con respecto al ejercicio anterior.