El Ministró planteó la necesidad de un acuerdo, en el que estén implicados los partidos políticos, las Comunidades Autónomas y los agentes sociales y profesionales, que permita situar la Justicia en el siglo XXI, centrándose, sobre todo, en la implantación de la nueva oficina judicial, la informatización íntegra de todos los juzgados, trazar un nuevo mapa judicial mediante una nueva Ley de Planta, impulsar la Ley de Mediación y la creación de un Registro Civil único.
Tras afirmar que en los últimos doce años la carga de trabajo en los juzgados se había incrementado en un 50%, situándose el número de asuntos en torno a los nueve millones, anunció la creación, en este año, de 220 nuevas plazas de Jueces, 150 de Fiscales y 290 de Secretarios Judiciales.