30/11/2023
Esta inversión del Ejecutivo autonómico sirve para ofrecer una atención de la máxima calidad a los madrileños más vulnerables, retribuir las actuaciones profesionales de turno de oficio, tramitar los expedientes de solicitud de asistencia jurídica gratuita y sufragar los gastos del funcionamiento del ICPM.
El Gobierno regional garantiza así este servicio público y el derecho fundamental de todos los ciudadanos que carecen de los recursos económicos suficientes a la tutela judicial efectiva y la asistencia jurídica gratuita, que ayudó a 111.000 personas el año pasado, y que representa un aumento del 3,5% con respecto al anterior.
