25/09/2008
Las razones que avalan esta decisión se basan en los méritos y las cualidades que concurren en el candidato propuesto.
La propuesta ha sido objeto de un amplio debate en el pleno, en el que han intervenido todos y cada uno de los vocales y en el que se han puesto de manifiesto estas cualidades.
Los vocales, en sus intervenciones, han destacado de modo especial que se trata de un jurista de Estado, de una persona que cumple plenamente el perfil requerido para este cargo, capaz de generar confianza y consenso en torno suyo, algo que consideramos esencial en un órgano como el Consejo General del Poder Judicial, con capacidad de diálogo y de trabajo conjunto, que en sus casi 40 años de ejercicio ha tenido una trayectoria profesional impecable, marcada por la independencia, la prudencia, la discreción, la preparación técnica, su dedicación absoluta, su actitud abierta y dialogante, su respeto a los profesionales y a los ciudadanos, la ecuanimidad y el sosiego en el ejercicio de la jurisdicción, la calidad y motivación de sus decisiones, que ha sido siempre respetado por todos y que cuando ha sido preciso se ha destacado por su valentía y por su defensa de la independencia judicial.
Se trata de una persona que a su amplia experiencia jurisdiccional une la adquirida en puestos de gobierno del poder judicial, ya que en los últimos siete años ha presidido un Tribunal tan complejo como la Audiencia Nacional, con órganos de distintos órdenes jurisdiccionales, cargo con consideración legal de Presidente de Sala del Tribunal Supremo, para el que fue nombrado en dos mandatos consecutivos y cuya gestión suscitó la unanimidad en la reelección.
Carlos Dívar no pertenece a ninguna asociación judicial y tiene un indudable prestigio profesional, no sólo en España sino también fuera de nuestro país.
Por todo ello, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial considera que se trata de persona idónea para el perfil institucional que se requiere para presidir el máximo órgano jurisdiccional del Estado y el máximo órgano de gobierno del poder judicial, y para que ambos órganos, claves en un Estado de Derecho, tengan la eficacia y gocen del prestigio y de la credibilidad necesarios entre los ciudadanos.
