28/04/2008
El Consejo General de Procuradores celebró en Burgos los pasados días 25, 26 y 27 de abril, las V Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno de Colegios de Procuradores, que este año trataron como tema general "La Profesión en la Legislatura 2008-2012".
Las Jornadas, contaron con la coordinación general de Antonio Álvarez-Buylla Decano del Colegio de Procuradores de Madrid, tratándose entre otros temas importantes, la incompatibilidad de las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y, el Procurador de los Tribunales español ante el reto tecnológico, como conferencias marco a las que se unieron la celebración de dos Mesas Redondas en las que se trataron todos los temas de interés y actualidad relacionadas con las reformas legislativas, las experiencias y expansión de Lexnet o el Reglamento de acceso a la profesión.
A dichas Jornadas asistieron unos 250 miembros de Juntas de Gobierno pertenecientes a casi todos los 67 Colegios existentes en la geografía nacional, y fueron inauguradas entre otras autoridades por el Presidente de la Junta de Castilla-León, Juan Vicente Herrera, el Secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, el Alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio y Enrique López, Vocal-Portavoz del Consejo General del Poder Judicial, además del Presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez y el Decano del Colegio de Burgos, Fernando Santamaría.
A continuación ofrecemos las conclusiones de las Jornadas:
1. Que se aborde con urgencia la reforma y modernización de la Administración de Justicia desde la perspectiva de un Pacto de Estado sin exclusiones.
2. Necesaria participación y colaboración de los Procuradores y sus órganos de gobierno en el proceso de reforma y modernización de la Administración de Justicia.
3. Participación de Procuradores, Abogados, Secretarios Judiciales y Ministerio Fiscal en la nueva Composición del Consejo General de Poder Judicial.
4. La necesaria reforma de la Administración de Justicia debe abordarse mediante la profunda modificación de las leyes procesales para su adaptación a la modificación operada mediante Ley Orgánica 19/2003, de reforma de la LOPJ, dotándola, desde su inicio, de medios personales y materiales suficientes en orden a una total eficacia y agilidad de nuestra Administración de Justicia.
5. Un proceso sin dilaciones indebidas y con mayores garantías en orden a una tutela judicial plena pasa por una eficaz reforma de la leyes procesales, potenciando necesariamente las funciones del Procurador en su condición de colaborador de la Administración de Justicia, tanto en materia de actos de comunicación, como de ejecución en todos los ordenes jurisdiccionales, otorgando a los referidos actos eficacia plena, salvo prueba en contrario.
6. En orden a la eficacia y agilidad del proceso judicial, resulta imprescindible la total implantación en nuestra Administración de Justicia de los sistemas de notificaciones y presentación de escritos y documentos por vía telemática, así como la consolidación del expediente electrónico en la nueva oficina judicial.
7. Desarrollo reglamentario de la Ley de Acceso a la profesión de Abogado y Procurador con la necesaria participación de los Procuradores, así como la creación de una Escuela Nacional de carácter presencial en todas las Comunidades Autónomas, con independencia de las que los Consejos Autonómicos puedan llegar a crear.
8. Aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal adaptándola a la realidad social del siglo XXI.
9. Aprobación de una nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria en cumplimiento del mandato legislativo, con la preceptiva intervención del Procurador en los distintos procedimientos.
10. Necesaria adaptación de los distintos estatutos corporativos a las nuevas reformas procesales, Ley de Acceso a la profesión, Ley de Sociedades Profesionales y Ley de Protección de Datos de carácter personal.
Las Jornadas, contaron con la coordinación general de Antonio Álvarez-Buylla Decano del Colegio de Procuradores de Madrid, tratándose entre otros temas importantes, la incompatibilidad de las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y, el Procurador de los Tribunales español ante el reto tecnológico, como conferencias marco a las que se unieron la celebración de dos Mesas Redondas en las que se trataron todos los temas de interés y actualidad relacionadas con las reformas legislativas, las experiencias y expansión de Lexnet o el Reglamento de acceso a la profesión.
A dichas Jornadas asistieron unos 250 miembros de Juntas de Gobierno pertenecientes a casi todos los 67 Colegios existentes en la geografía nacional, y fueron inauguradas entre otras autoridades por el Presidente de la Junta de Castilla-León, Juan Vicente Herrera, el Secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, el Alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio y Enrique López, Vocal-Portavoz del Consejo General del Poder Judicial, además del Presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez y el Decano del Colegio de Burgos, Fernando Santamaría.
A continuación ofrecemos las conclusiones de las Jornadas:
1. Que se aborde con urgencia la reforma y modernización de la Administración de Justicia desde la perspectiva de un Pacto de Estado sin exclusiones.
2. Necesaria participación y colaboración de los Procuradores y sus órganos de gobierno en el proceso de reforma y modernización de la Administración de Justicia.
3. Participación de Procuradores, Abogados, Secretarios Judiciales y Ministerio Fiscal en la nueva Composición del Consejo General de Poder Judicial.
4. La necesaria reforma de la Administración de Justicia debe abordarse mediante la profunda modificación de las leyes procesales para su adaptación a la modificación operada mediante Ley Orgánica 19/2003, de reforma de la LOPJ, dotándola, desde su inicio, de medios personales y materiales suficientes en orden a una total eficacia y agilidad de nuestra Administración de Justicia.
5. Un proceso sin dilaciones indebidas y con mayores garantías en orden a una tutela judicial plena pasa por una eficaz reforma de la leyes procesales, potenciando necesariamente las funciones del Procurador en su condición de colaborador de la Administración de Justicia, tanto en materia de actos de comunicación, como de ejecución en todos los ordenes jurisdiccionales, otorgando a los referidos actos eficacia plena, salvo prueba en contrario.
6. En orden a la eficacia y agilidad del proceso judicial, resulta imprescindible la total implantación en nuestra Administración de Justicia de los sistemas de notificaciones y presentación de escritos y documentos por vía telemática, así como la consolidación del expediente electrónico en la nueva oficina judicial.
7. Desarrollo reglamentario de la Ley de Acceso a la profesión de Abogado y Procurador con la necesaria participación de los Procuradores, así como la creación de una Escuela Nacional de carácter presencial en todas las Comunidades Autónomas, con independencia de las que los Consejos Autonómicos puedan llegar a crear.
8. Aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal adaptándola a la realidad social del siglo XXI.
9. Aprobación de una nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria en cumplimiento del mandato legislativo, con la preceptiva intervención del Procurador en los distintos procedimientos.
10. Necesaria adaptación de los distintos estatutos corporativos a las nuevas reformas procesales, Ley de Acceso a la profesión, Ley de Sociedades Profesionales y Ley de Protección de Datos de carácter personal.
