Vargues se refirió, concretamente, al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que modifica los preceptos de las leyes procesales en cuanto a los períodos inhábiles y que añade, además, medidas que se consideran compatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, entre otras:
En el caso de los PROCURADORES, se contempla la interrupción de plazos y demora de términos, así como la suspensión del servicio de reenvío de notificaciones durante TRES DÍAS HÁBILES cuando se comuniquen causas objetivas de fuerza mayor, como maternidad, paternidad, acogimiento o adopción, enfermedad grave y accidente con hospitalización, fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, o baja laboral.
Asimismo, no se practicarán actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica durante el mes de AGOSTO, y ENTRE el 24 de DICIEMBRE y el 1 de ENERO, salvo que sean hábiles para las actuaciones urgentes que corresponda.
Se suspenderá el curso de los procedimientos, la celebración de las vistas u otros actos procesales por tres días hábiles, a solicitud del profesional de la abogacía, por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves de su cónyuge, de persona a la que estuviese unido por análoga relación de afectividad o de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad.
Si cualquiera de estas circunstancias afecta al PROCURADOR y no se puede designar sustituto en ese momento, se suspenderá igualmente la celebración de la vista y se permitirá que el Colegio de Procuradores disponga de un plazo de TRES DÍAS para organizar la sustitución.
En la jurisdicción social, los profesionales de la abogacía, de la PROCURA y los graduados sociales podrán acogerse a las mismas causas de suspensión por circunstancias personales o familiares que se acaban de explicar para la jurisdicción civil y que son también supletorias para las jurisdicciones penal y contencioso-administrativa.
Por último, en el futuro anteproyecto de ley de eficiencia digital del servicio público de Justicia, se incluirán las medidas tecnológicas necesarias para preservar el derecho a la DESCONEXIÓN DIGITAL de los profesionales que desempeñan su trabajo ante los tribunales en los períodos en que proceda, precisó Vargues.
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