29/01/2020
Fuente: Ministerio de Justicia, Gabinete de Comunicación
Entre ellos, el que afecta a la Dirección General de los Registros que pasa a depender de la Secretaría de Estado de Justicia -antes dependía de la Subsecretaría- bajo la denominación de Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
De acuerdo con este Real Decreto, el Ministerio de Justicia se estructura en tres órganos:
1. La Secretaría de Estado de Justicia, de la que dependen:
1.1 La Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia, con rango de subsecretaría, de la que dependen:
. La Dirección General para el Servicio Público de Justicia.
. La Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, y
. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
1.2 La Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos.
2. La Subsecretaría de Justicia, de la que depende la Secretaría General Técnica.
3. La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con rango de subsecretaría.
Quedan suprimidas la Secretaría General de la Administración de Justicia; la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia; la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos; la Dirección General de los Registros y del Notariado; la Dirección General para la Memoria Histórica; y la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos.
Además, el Gobierno ha aprobado los nombramientos de Pablo Zapatero como secretario de Estado de Justicia, en sustitución de Manuel Jesús Dolz; de Paula Novo, quien será secretaria general técnica en lugar de José Amérigo, y de la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente.
Desde el ICPM nuestra enhorabuena y mejores deseos para los nuevos cargos, a los que ofrecemos nuestra colaboración y lealtad institucional para trabajar juntos por la justicia, los profesionales, y la defensa de los derechos de los ciudadanos.
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