24/01/2020
Fuente: Comunicación Comunidad de Madrid
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Gobierno regional, Enrique López, visitó ayer la segunda fase de las obras de acondicionamiento y mejora que se están realizando, y destacó la "importante inversión económica que está acometiendo el ejecutivo autonómico en un edificio tan representativo de la Justicia madrileña".
López estuvo acompañado por la viceconsejera Yolanda Ibarrola, y por la magistrada juez decana María Jesús del Barco.
El inmueble de Plaza de Castilla tiene más de 40 años y fue diseñado con el concepto de edificio judicial de finales e los años 70. Alberga 54 juzgados de instrucción y seis de vigilancia penitenciaria, entre otras dependencias. Tiene una superficie total de 48.670 metros cuadrados, lo visitan a diario una media superior a las 3.000 personas y en sus instalaciones trabajan más de 1.100 empleados públicos.
López ha hecho hincapié en que las mejoras que se están llevando a cabo tienen dos ejes claros: "Por un lado, se trata de mejorar la accesibilidad del edificio, eliminando las barreras arquitectónicas; por otro, garantizar una mayor seguridad y comodidad para los ciudadanos que tienen que hacer algún trámite en los juzgados, para los profesionales que trabajan cada día en estas instalaciones y, por supuesto, para todos los empleados públicos de la Administración de Justicia que desempeñan su labor en ellas".
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López estuvo acompañado por la viceconsejera Yolanda Ibarrola, y por la magistrada juez decana María Jesús del Barco.
El inmueble de Plaza de Castilla tiene más de 40 años y fue diseñado con el concepto de edificio judicial de finales e los años 70. Alberga 54 juzgados de instrucción y seis de vigilancia penitenciaria, entre otras dependencias. Tiene una superficie total de 48.670 metros cuadrados, lo visitan a diario una media superior a las 3.000 personas y en sus instalaciones trabajan más de 1.100 empleados públicos.
López ha hecho hincapié en que las mejoras que se están llevando a cabo tienen dos ejes claros: "Por un lado, se trata de mejorar la accesibilidad del edificio, eliminando las barreras arquitectónicas; por otro, garantizar una mayor seguridad y comodidad para los ciudadanos que tienen que hacer algún trámite en los juzgados, para los profesionales que trabajan cada día en estas instalaciones y, por supuesto, para todos los empleados públicos de la Administración de Justicia que desempeñan su labor en ellas".
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