En la misma destacan los capítulos destinados a gastos de personal y Oferta de Empleo Público que permitirá la incorporación de 300 nuevos jueces y fiscales; el plan de infraestructuras y equipamientos, para la construcción de nuevos edificios judiciales, obras de rehabilitación y mejora; el gasto social en áreas de especial sensibilidad para el ciudadano y la asignación destinada al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como la dotación para financiar la Justicia Gratuita que se eleva un 32,6% hasta los 48,7 millones de euros con los que se prevé incrementar los importes que se satisfacen desde los colegios de abogados y procuradores.
En cuanto a la transformación digital de la Administración de Justicia se contempla la inversión de 131,3 millones de euros, para entre otros, consolidar y completar los proyectos de Justicia y Fiscalía digital, diseñar el nuevo sistema de gestión procesal del Ministerio de Justicia, ofrecer nuevos servicios tecnológicos a profesionales y ciudadanos, reforzar la formación a los usuarios de servicios digitales de las sedes judiciales y renovar el equipamiento audiovisual de las salas de vista.
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