Lo dice un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que da la razón al Ejecutivo de Cristina Cifuentes en su pugna contra la UTE formada por OHL y Acciona. Ambas constructoras habían demandado al actual equipo al frente del Gobierno autonómico por no ratificar la adjudicación de las obras que había dejado encarrilada el presidente saliente antes de las elecciones de 2015.
«La sentencia del TSJM ratifica la decisión del Gobierno de la Comunidad de poner fin a un proyecto que no sólo no respondía a las necesidades reales de la Justicia madrileña, sino que además estaba viciado y bajo sospecha desde su inicio», argumentan en el equipo de Cifuentes.
«Somos conscientes, sin embargo, de la necesidad de concentrar las sedes judiciales, como demandan los profesionales de la Justicia, los usuarios y la mayoría de los miembros del Parlamento regional y, por ello, no renunciamos a realizar en un futuro un proyecto sensato que responda eficazmente a esta demanda social», apostillan.
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