Las claves: según el el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Consejo General de la Abogacía estaba llevando a cabo una práctica prohibida por el apartado 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia, tras la aprobación del Reglamento de Publicidad.
El Tribunal impuso al CGAE una multa de treinta millones de pesetas.
La Audiencia Nacional declaró no ajustada a Derecho la resolución del TDC en lo que se refiere a la multa y la anuló, decisión que fue también ratificada por el Tribunal Supremo".