La entrada de asuntos experimentó un incremento tanto en la jurisdicción civil -con una subida del 7,8 por ciento-, como en la social -donde el incremento fue del 15,2 por ciento-, mientras que no mostró variación en la contencioso-administrativa y descendió un 4,2 por ciento en la penal.
Las Comunidades Autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la media fueron Canarias (40,8), Andalucía (37,3), Asturias (34,4) e Illes Balears (32,7).
Mientras tanto, las Comunidades Autónomas con una tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (21,5), Navarra (23,7) y el País Vasco (24,6 asuntos ingresados por cada mil habitantes).
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