La obra, al igual que el Diccionario del español jurídico presentado en abril del año pasado, es fruto del convenio de colaboración suscrito por el CGPJ y la RAE y ofrece, entre otras, indicaciones sobre normas de escritura; formas de manejar los nombres, las abreviaciones y los signos; reglas gramaticales; errores frecuentes y utilización de términos de idiomas extranjeros.
Carlos Lesmes, señaló que ?si la democracia garantiza la participación de los ciudadanos en la configuración y el ejercicio del poder, es evidente que ese poder público debe manifestar su voluntad en un lenguaje accesible a la sociedad, de modo que un lenguaje que no entienda la ciudadanía difícilmente podrá ser calificado como un lenguaje democrático?.