La Guía, que actualiza los criterios prácticos que se aplican en el trabajo diario de los órganos judiciales con competencias en violencia de género, pretende servir como documento práctico para todos los profesionales implicados en la erradicación de este tipo de delitos y unificar la forma de proceder en esos Juzgados para que el tratamiento y protección de las víctimas sea igual en todo el territorio nacional.
También se abordó en varias mesas redondas, celebradas en el Senado, la necesidad de introducir en la ley formas de violencia ejercidas sobre la mujer, como traficar o favorecer la inmigración clandestina para la explotación sexual, el aborto y esterilizaciones forzosas, así como la obligación de someterlas a actos de carácter sexual. El Observatorio plantea en su documento, que ha sido testado por expertos del Poder Judicial, que también sea punible la «violencia económica» derivada del impago de pensiones.
Según datos facilitados en este VI Congreso por la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Susana Camarero, de las 37 mujeres fallecidas este año a manos de sus parejas o exparejas 15 habían denunciado previamente y 6 se retiraron del proceso judicial. Además, 25 niños han quedado huérfanos en lo que va de año.