21/07/2016
Fuente: Comunicación Poder Judicial
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira Morante, ha presentado ayer 20 de julio, a los medios de comunicación la Memoria Anual 2015, documento que recoge la actividad de todos los órganos judiciales (colegiados y unipersonales) de la Comunidad, así como los proyectos, iniciativas y soluciones a los problemas que se plantean en el día a día de la administración de la justicia en la región.
Debe resaltarse el dato de que los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid son los que han reducido en un menor porcentaje el número de los asuntos en trámite: en una evolución positiva generalizada en toda España, donde la pendencia se redujo, de media, en un 5,8% -con Comunidades como la de Aragón, que llegan a un envidiable porcentaje del 14,4%- la Comunidad de Madrid se sitúa en el penúltimo lugar, con una escasa reducción de sólo el 1,3%: el año finalizó con 349.559 asuntos frente a los 354.287 que había a inicio de año.
El número de asuntos ingresados en el año 2015 en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid alcanzó un total de 1.372.977 asuntos, un 1,2% menos que en 2014. Sólo se registró un incremento significativo del 20,9% en el número de ingresos en la jurisdicción civil, mientras que en la penal disminuyó en un 7,1%, en la social en un 6,3% y en la jurisdicción contencioso-administrativa en un 2,4 %.
El número de asuntos registrados por cada 1.000 habitantes en Madrid fue de 202, con un descenso anual del 0,9%, situándose por encima de la media nacional, que fue de 179,7 asuntos, y solo por debajo de Andalucía, donde entraron 209,4 asuntos por cada 1.000 habitantes.
ANÁLISIS GENERAL
La relativa ?normalidad? en el funcionamiento de los órganos judiciales -debida, sin duda, al gran esfuerzo desarrollado por los integrantes de la Administración de Justicia- no puede enmascarar los crónicos problemas que venimos arrastrando, que impiden o dificultan el óptimo funcionamiento de los juzgados y tribunales, empañan la imagen de la Justicia e, incluso, encarecen la gestión de su Administración.
Un año más debemos poner de manifiesto en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la delicada situación de las infraestructuras judiciales. Después del enésimo fracaso del proyecto para dotar a Madrid de una Ciudad de la Justicia que unificara el entorno de todos los órganos judiciales de la capital, puede decirse que la Comunidad de Madrid se halla, en este ámbito, en uno de los últimos lugares, sino el último, de todas las de España.
Es inconcebible que los juzgados y tribunales de la capital estén dispersos entre 21 sedes, que los 20 partidos judiciales de la periferia cuenten en total con 38 sedes, o que muchos de los edificios estén en un estado de mantenimiento deplorable provocando incluso intervenciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y resulta sorprendente que, en esta situación, no se utilice con la mayor urgencia un solar puesto a disposición de la Comunidad Autónoma hace ya muchos años o se diseñen inmediatamente otras soluciones alternativas para dotar de infraestructuras dignas a los órganos judiciales madrileños, y que, además, se apruebe un exiguo presupuesto para mantenimiento y reparaciones en los edificios judiciales que no llega para acometer las actuaciones más imprescindibles.
Resulta preocupante, por otro lado, el modo en el que se está llevando a cabo la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia. Los problemas de integración de LexNet con las aplicaciones de la Comunidad de Madrid, las caídas del sistema, la insuficiente distribución de tarjetas criptográficas, las insuficiencias de personal y deficiencias en su formación, las carencias de medios materiales actualizados, y numerosas incidencias técnicas surgidas, entre los hechos más significativos, han evidenciado un notable grado de imprevisión en la puesta en marcha del sistema de presentación y notificación telemática que resulta obligado tras la entrada en vigor de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Y la entrada en vigor de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 18/2011, de 5 de julio reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia -que obliga a dotar, antes del 6 de julio de 2016, a las oficinas judiciales y fiscalías de sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos- plantea nuevos retos para la configuración y consulta del expediente judicial digital.
Este panorama que ahora en síntesis se presenta, requiere la puesta en marcha de medidas eficaces para lograr una Administración de Justicia en Madrid eficaz, ágil, accesible, bien valorada por los ciudadanos y sostenible.
Como se ha informado recientemente por la Sala de Gobierno de este TSJ, el número de juzgados en cada orden jurisdiccional permitiría, singularmente en esta Comunidad Autónoma dotada de buenas vías de comunicación y de medios de transporte, comarcalizar los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, o establecer juzgados especializados con competencia en toda la provincia (Juzgados de lo Penal de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de Familia, Juzgados de Incapacidades y Tutelas, Juzgados Hipotecarios, Juzgados de Concursos de Personas Físicas, etc.). De ese modo lograríamos ponernos a la vanguardia en calidad y en eficacia de la Administración de Justicia, lo que merecen los ciudadanos de Madrid.
(Comunicación Poder Judicial)
Acceso al documento y al análisis por jurisdicciones, en el siguiente enlace:
