En el caso del Tribunal Supremo sin embargo las duraciones medias aumentaron en un 4,8% el año pasado, con un plazo medio de 11,6 meses para resolver un litigio.
Por jurisdicciones, los órganos judiciales que presentan tiempos de resolución más prolongados con los de lo contencioso administrativo, done se tarda una media de un año en lograr un respuesta judicial. No obstante, esta jurisdicción ha reflejado importantes descensos en la duración de los asuntos, tanto en primera y segunda instancia como en el Supremo, respecto a 2014.
En civil, bajan los tiempos de respuesta, pero crecen en un 15,9% en el Alto Tribunal. En esta jurisdicción, lo que más llama la atención es la evolución de los juzgados mercantiles, que desde el año 2011 han visto cómo la duración de los asuntos crecía desde los 28,2 meses de media de ese año hasta los 41,6 meses que se registraron en 2015.
Por tipo de asunto, las estadísticas muestran, por ejemplo, que en los juzgados de lo social un conflicto colectivo tarda 12,7 meses en resolverse y un despido 7,2 meses. Por su parte, los juzgados de lo contencioso dan respuesta a un conflicto con la Administración Tributaria en un plazo de 12,7 meses, período que aumenta en los tribunales superiores de Justicia hasta los 23,9 meses.
La duración de los procedimientos son un reflejo de la calidad y eficacia de la Justicia. Conocer el tiempo que va a tardar en resolverse un asunto ante los tribunales y saber cuáles son las jurisdicciones en las que las demoras son mayores, puede ser clave tanto para los profesionales, como para los ciudadanos, empresas, o incluso inversores.
Además, unos procedimientos más largos son también más costosos, lo que puede dejar fuera del sistema a las personas con menos recursos: mejorar los plazos de resolución juega a favor de una Justicia más accesible.