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Noticia

24/09/2015
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Rafael Catalá llegó hace un año al Ministerio de Justicia con una ambiciosa agenda reformadora que ha ido viendo la luz en estos últimos meses:

Ley de Enjuiciamiento Civil: en la reforma se ha introducido el plan más ambicioso del ministerio, lograr una Justicia sin papeles a partir del 1 de enero. El texto que podría recibir el visto bueno del Congreso el 1 de octubre, prevé que tanto los profesionales como los órganos judiciales estén obligados a emplear los medios electrónicos en la presentación de escritos y documentos. Se introducen también cambios en los procesos monitorios y en la regulación del juicio verbal, y en el Senado se introdujo una enmienda que permitirá a los herederos de los abogados reclamar honorarios no satisfechos después de su fallecimiento.

Ley de Tasas, a los pocos meses de su toma de posesión, dejó de aplicarse a las personas físicas; Ley Orgánica del Poder Judicial; Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se está llevando a cabo a través de dos proyectos, uno de ley orgánica y otros de ley ordinaria y que está previsto que quede definitivamente aprobada por el Congreso en el Pleno del próximo 1 de octubre; Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria; Código Penal; Estatuto de la Víctima; reforma que modifica el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico, publicada ayer en el BOE; reforma de la Ley Hipotecaria, aprobada el pasado mes de junio; Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil; Reforma de la Ley Concursal y segunda oportunidad; Reforma del Registro Civil, para facilitar el registro desde los hospitales; Ley de nacionalidad española a los sefardíes.

Finalmente, se han eliminado también algunas cuestiones controvertidas o inviables por el tiempo que restaba de legislatura, como por ejemplo la aprobación de una nueva ley de demarcación y planta judicial o la asignación de instrucción penal al Ministerio Fiscal.